El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó su primer Boletín[1] y el Observatorio trimestral de gasto público en justicia y seguridad[2] (GPJS). Estos instrumentos facilitarán el seguimiento y la auditoría social del gasto que realizan las instituciones del sistema de justicia, y otras entidades que, por mandato constitucional o legal, tienen facultades y responsabilidades en materia de seguridad, transparencia o rendición de cuentas.

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• Documento - Boletín 1

En ambos instrumentos, el Icefi reporta que, al segundo trimestre de 2023, el presupuesto vigente para el GPJS fue Q18,264.3 millones (USD2,335.0 millones), 1.5% (Q274.3 millones) más que el presupuesto vigente al inicio del año. Esta asignación representó el 14.0% del presupuesto total de la Administración central, el 2.3% del producto interno bruto (PIB) y una inversión per cápita diaria de Q2.80 para cada ciudadano. El presupuesto ejecutado al segundo trimestre de 2023 fue Q6,903.6 millones, equivalentes a 37.8% del presupuesto vigente. A criterio del Icefi, un nivel de ejecución bajo, toda vez corresponde a la mitad del ejercicio fiscal.

Según las categorías de clasificación en la metodología empleada por el Icefi, 54.1% del GPJS se destinó a la justicia (Q9,877.4 millones o 1.2% del PIB), el 41.2% fue para servicios de seguridad (Q7,523.5 millones o 0.95% del PIB) y 4.7% se invirtió en servicios de transparencia y rendición de cuentas (Q863.4 millones o 0.11% del PIB). El 59.5% del GPJS lo ejecutaron entidades descentralizadas y 40.5% la Administración central. El 97.8% de gasto en servicios de justicia lo realizan entidades descentralizadas, el 95.3% de los servicios de seguridad lo desarrolla la Administración central y el 98.1% de las acciones de transparencia y rendición de cuentas se llevan a cabo por entidades descentralizadas y autónomas.

Para el gasto en justicia, se analizaron 14 entidades, entre las cuales destacan el Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Instituto de la Defensa Pública Penal, la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), entre otras. El análisis del Icefi detalla los programas y actividades realizadas por cada entidad, identificando los que registran mayor y menor ejecución, así como los que incluyen mayores asignaciones de recursos. En el gasto en seguridad, se revisaron 9 entidades, de las cuales resalta el Ministerio de Gobernación, el Instituto Guatemalteco de Migración, la Secretaría de Bienestar Social y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, entre otras. En los gastos de transparencia y rendición de cuentas se analizan 4 entidades: la Contraloría General de Cuentas, la Presidencia de la República, el Ministerio de Finanzas Públicas y la PDH.

Asimismo, el Icefi analiza el GPJS por ubicación geográfica, encontrando un alto grado de centralización de los recursos públicos, con el departamento de Guatemala concentrando 77.7% del GPJS. Sin embargo, el Icefi advierte cautela con estos datos oficiales por ubicación geográfica, toda vez algunos bienes y servicios se adquieren de manera centralizada, pero luego se entregan en varios municipios. Las instituciones encargadas de ejecutar el GPJS muchas veces no registran en los sistemas de información financiera el lugar en que efectivamente se entregan los programas públicos.

En el análisis detallado por grupos de gasto, es decir, al examinar en qué se gastan los recursos para producir los bienes y servicios públicos que garantizan la seguridad y la justicia, el Icefi reporta que 67.6% del GPJS se destinó al pago de servicios personales, es decir, sueldos y salarios. También observa que, según la fuente de financiamiento, casi 80% es financiado con recursos del tesoro, principalmente impuestos, en muchos casos, en cumplimiento con disposiciones constitucionales que establecen asignaciones específicas para entidades del sector justicia, lo que indica que la gran mayoría del GPJS es muy sensible a las variaciones en la carga tributaria. El Boletín y el Observatorio del Icefi incorporan un apartado de análisis de los ingresos que se obtienen por los procesos de extinción de dominio, analizando su distribución a las entidades que por ley les corresponden, así como de su ejecución.

Tanto el Boletín como el Observatorio no se limitan a la ejecución presupuestaria de los recursos financieros, sino que se aproximan a los resultados del GPJS, detallando el análisis al nivel de los productos y los subproductos que generan las entidades responsables de la justicia, la seguridad y la transparencia. Se examinan 186 productos y 436 subproductos, con diversas unidades de medida y metas físicas. Este esfuerzo permite vincular el GPJS al seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el ODS – 16: Paz, justicia e instituciones sólidas; tomando en cuenta sus metas e indicadores vinculados con los productos del GPJS.

El Icefi invita a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada, a la prensa, al sector académico, a los centros de pensamiento e investigación, a la cooperación internacional, al sector público y a toda persona o entidad interesada en la justicia y la seguridad, a usar este Boletín y el Observatorio del GPJS, como instrumentos técnicos para el seguimiento y la auditoría social de estos gastos. 

Guatemala, Centroamérica, 14 de septiembre de 2023.