Debido a la prisa injustificada con la cual se está gestionando en el Congreso de la República, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) manifiesta la necesidad de discutir y analizar técnicamente la iniciativa de ley número de registro 6141, Ley de Adquisiciones Públicas.[1] El Instituto considera que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso de la República no agotó los estudios y análisis pertinentes que requiere esta propuesta legislativa, por lo que recomienda al Pleno del Congreso devolverla a esta comisión de trabajo  para una discusión técnica, transparente e incluyente.

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A criterio del Icefi, por su volumen (139 artículos), por ser las adquisiciones públicas un área crítica y fundamental de la política fiscal, y porque, de ser aprobada, reemplazaría la actual Ley de Contrataciones del Estado, Decreto del Congreso de la República No. 57-92, la CFPM debió haber estudiado y discutido esta propuesta con rigor técnico, a detalle y profundidad. Sin embargo, en un proceder contrario a estos principios, el miércoles 21 de septiembre de 2022 el Pleno del Congreso de la República la conoció y la trasladó a la CFPM para estudio y dictamen, y el lunes 26, sólo dos días hábiles después, la CFPM la dictaminó favorablemente con modificaciones,[2] un plazo a todas luces demasiado corto para discutir una propuesta de esta magnitud e importancia. El miércoles 28 la alianza oficialista en el Congreso la aprobó en primera lectura, y hoy, 5 de octubre, figura como prioridad en la orden del día del Legislativo para su aprobación en segundo debate.

Sin discusión técnica adecuada, este trámite parlamentario tan acelerado alimenta la desconfianza hacia el oficialismo, ya que la alianza oficialista de esta legislatura tiene antecedentes muy graves de tácticas parlamentarias ilegítimas y equivocadas, por ejemplo, los incidentes acaecidos en noviembre de 2020 con la discusión del presupuesto para 2021, que generó protestas ciudadanas masivas y una represión brutal y violenta por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. La negativa a discutir propuestas como esta agudizan el descontento ciudadano, por los escándalos de fraudes y corrupción demasiado frecuentes en las compras y las contrataciones que realizan las entidades públicas.

Al margen de estas anomalías graves de procedimiento parlamentario, al analizar el contenido de la iniciativa 6141 el Icefi advierte otro problema serio de forma. La gran mayoría del texto de la propuesta coincide con la Ley de Contrataciones del Estado actual, por lo que, en realidad, no es una ley nueva, sino otra reforma. Esto porque, además de reproducir mucho del texto hoy vigente, no propone una reforma estructural hacia un nuevo y mejor sistema de adquisiciones públicas, entendido como un conjunto de principios, normas, procesos, instituciones y sujetos, no todos del sector público, que interactúan de forma ordenada con el objetivo de que las entidades estatales compren bienes y contraten servicios de manera honesta, eficiente y eficaz, de conformidad con los estándares internacionales más modernos en la materia.

En efecto, al comparar el contenido de la iniciativa 6141 con la ley vigente, la cantidad de artículos o aspectos nuevos es mínima, algunos con una redacción igual o muy parecida, en la que solamente se introducen correcciones de redacción u ortografía. En otros casos, algunos de los cambios ordenan ciertas materias e introducen criterios que derivan de la aplicación práctica de la ley, pero que no alteran ni modifican de manera sustancial la estructura de la Ley de Contrataciones del Estado actual.

Aislando los textos replicados o esencialmente iguales, del análisis destacan como cambios de fondo: la atención de las demandas de algunos sectores para actualizar los montos a partir de los cuales son obligatorias ciertas modalidades de adquisición pública; la creación una nueva modalidad de adquisición pública, el convenio marco, con características similares al contrato abierto existente; el reemplazo de las juntas de adjudicación por comisiones de evaluación; cambios en la definición de autoridades responsables de adjudicar negocios; nuevas reglas para el caso de proveedor único; normativa nueva para la enajenación de bienes del Estado; cambios a las normas para establecer precios de referencia; y, mecanismos para atender emergencias. Destacan como cuestionables, o preocupantes por ser disposiciones que podrían resultar muy vulnerables a la corrupción y el abuso, las propuestas para el caso de excepción específico para las municipalidades y la supresión del certificado de disponibilidad presupuestaria como requisito para casos en los que se permite la omisión del contrato, entre otras.

Para el Icefi, sin un análisis técnico profundo y minucioso, acompañado de explicaciones por parte de las autoridades del Ejecutivo, los ponentes de la propuesta, la aprobación de esta iniciativa de ley es peligrosa, especialmente por las propuestas que se han identificado ya como preocupantes o cuestionables. Pero más allá de esta propuesta particular, una vez más no se emprende un esfuerzo de reforma estructural, que tenga por objetivo lograr acciones integrales para un sistema nacional de adquisiciones públicas. Que abarque los desafíos del servicio civil, fortaleciendo el personal a cargo de las unidades de compras, los procesos de planificación para que los planes compras se definan a partir de evaluar las necesidades, o la aprobación de una ley de competencia, para subsanar fallas en mercados privados como los de medicamentos o de contratos de obra pública.

El Icefi recomienda al Congreso de la República devolverla a la CFPM, y de esta forma realizar los análisis y estudios adecuados. Para el efecto, debe permitirse la participación de todos los sectores interesados, con capacidad de análisis y formular recomendaciones técnicas, incluyendo a la sociedad civil organizada, centros de pensamiento, academia y sector privado empresarial. La discusión de una ley tan importante debe ser transparente, técnica, abierta e inclusiva.