Durante una audiencia pública convocada por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso de la República, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) expuso su posición con relación a las propuestas para reformar, una vez más, la Ley de Contrataciones del Estado (LCE): no mutilar los controles y medidas anticorrupción logradas gracias a la presión del movimiento ciudadano que llenó la plaza en 2015.

El Icefi reconoció que, como toda reforma, el Decreto 9-2015 que contiene las reformas a la LCE aprobadas en noviembre de 2015, pueda requerir ajustes. Propuso a la CFPM que los cambios se limiten a las correcciones estrictamente necesarias, cuidando no suprimir controles que pudiesen volver a favorecer la corrupción. Para este propósito, el Icefi estima conveniente discutir técnicamente algunos artículos de la iniciativa de ley 5090, toda vez su aprobación efectivamente corregiría o mejoraría las normas aprobadas en el Decreto 9-2015, pero cuestiona otros, especialmente la propuesta de relajar la sanción al fraccionamiento. En todo caso, Icefi sugirió la discusión de medidas de carácter estrictamente temporal que coadyuven a resolver la crisis de abastecimiento.

El Icefi reiteró lo manifestado en su comunicado del 13 de mayo de 2016, en cuanto a rechazar el contenido de la iniciativa de ley 5075, ya que considera que promovería tratamientos sesgados y diferenciados a los proveedores del sector salud.

El Instituto expuso su análisis de las causas de la crisis de abastecimiento que aqueja a varias entidades del Estado, especialmente las del sector salud. Concluyó que es falso que las reformas contenidas en el Decreto 9-2015 sean la causa del problema, y detalló que los inconvenientes se originaron en el vencimiento y no renovación en 2015 y 2016 de varios contratos abiertos, en los cuales las entidades del Estado se abastecían de medicamentos e insumos hospitalarios, papel e insumos de oficina, alimentos, equipo de cómputo e impresión, entre otros. El Icefi expuso que la crisis que sufren entidades como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el IGSS o el Ministerio Público, está directamente vinculada a lo antes señalado.

El Icefi mostró cómo en los casos en los que sí se renovaron los contratos abiertos que vencieron el año pasado, no ha habido problema de abastecimiento. Con preocupación explicó que las posibles causas por las cuales las autoridades de turno no renovaron los contratos incluyen la crisis financiera (la escasez de recursos dificulta o impide adjudicar concursos), negligencia o temor de los funcionarios a asumir la responsabilidad de las renovaciones (generado por las investigaciones de la Cicig y el MP en casos como el de «IGSS-Pisa»), o la peor, dolo o interés fraudulento de algunos proveedores y contratistas para generar artificialmente una crisis con la cual cuestionar los controles y las investigaciones en contra de la corrupción, y con ello «justificar» la reversión de controles y sanciones.

El Icefi reiteró que relajar las sanciones que el Decreto 9-2015 impuso al fraccionamiento, o suprimir o debilitar cualquiera de los otros controles y medidas de transparencia que se lograron aprobar en el Decreto 9-2015 no es la solución al problema actual de desabastecimiento. El Instituto sostiene que proceder de esta forma sólo retrocedería a un esquema perverso de facilitar el fraude y la corrupción en las adquisiciones del Estado.

Finalmente, propuso a la CFPM discutir con apertura, publicidad y transparencia, el contenido de la iniciativa de ley número de registro 5090, única y exclusivamente para corregir, mejorar y fortalecer los controles y medidas de transparencia incluidos en el Decreto 9-2015, nunca para debilitarlos o suprimirlos. Recomendó el acompañamiento de la Cicig y del MP en las discusiones, en tanto que tal como se mostró, muchos de sus casos investigan prácticas fraudulentas y corrupción en las adquisiciones públicas.

Guatemala, Centroamérica, 28 de junio de 2016.

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