El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales -Icefi- y el Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo -Hivos- llevaron a cabo un foro sobre política fiscal y energías renovables en la Ciudad de Guatemala; donde se presentaron los principales resultados de los estudios: «Brechas y puentes entre la política fiscal y las energías renovables: El Salvador y Guatemala»; elaborados en conjunto por estas dos instituciones y en los que se presenta el desarrollo de una metodología para medir el gasto público en energía (GPE).

Icefi e Hivos recordaron que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) persigue garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para toda la población. Por lo que el papel que jueguen los Estados para la promoción y adopción de energías renovables es fundamental para tener sociedades sustentables. En la actualidad, a nivel mundial, más del 90% de la energía que se consume proviene de fuentes energéticas no renovables (carbón, gas natural, energía nuclear y petróleo). Asimismo, tres cuartas partes del consumo energético mundial son debido a la industria y el transporte.

En el caso de El Salvador, durante la década de 1980, el 76.6% de la demanda de energía eléctrica era satisfecha mediante la producción proveniente de fuentes renovables, para el 2013 esta representó solo el 50.8%. En Guatemala, en ese mismo periodo, las fuentes renovables pasaron de satisfacer el 62 al 55% de la demanda de energía eléctrica. Otro hallazgo relevante en el estudio, es que en El Salvador, hay un 5% (aproximadamente 310 mil personas) de los hogares que no cuentan con acceso a energía eléctrica, mientras en Guatemala este porcentaje alcanza el 10% (1.5 millones de personas aproximadamente).

En cuanto al gasto público en energía (GPE), entre 2007 y 2014 el Estado salvadoreño destinó USD3,718 millones al sector energético, lo que equivale a un promedio anual de USD464.8 millones (2% del PIB), con una clara tendencia al alza, pues se pasó de USD297.6 millones (1.5% del PIB), en 2007, a USD549 millones (2.2% del PIB), en 2014. En tanto, el Estado de Guatemala gastó USD2,886.1 millones, lo que equivale a un promedio anual de USD360.8 millones, con una clara tendencia al alza, en términos nominales, pero con cierta estabilidad, cuando se compara el gasto en términos del PIB,  quedando en torno al 0.7% del PIB. En ese mismo periodo, en términos del presupuesto, el GPE ha representado 6.3% del gasto público total, en el caso de El Salvador, y de 4.1% para Guatemala.

En ambos países el principal destino del GPE han sido los subsidios, en El Salvador han representado el 58.1% las erogaciones en subsidios al transporte, gas propano y electricidad; mientras que Guatemala ha destinado 45.0% para el transporte y la electricidad. Estos subsidios además de entregarse a fuentes energéticas no renovables están mal focalizados pues los reciben principalmente quienes no están en situación de pobreza, mientras que las inversiones específicas en energías renovables solo representan un 5.1% del total del GPE en Guatemala y 11.9% en El Salvador.

Las dos organizaciones señalaron que hasta la fecha ambos Estados han optados por otorgar incentivos para transitar hacia una matriz energética con fuentes renovables; no obstante, la evidencia señala que los impuestos a las energías contaminantes son más efectivos para impulsar las energías renovables. En ese sentido, se abre una ventana de oportunidad para que los países de la región centroamericana puedan impulsar reformas fiscales verdes, que además de buscar sanar las endebles finanzas públicas permitan frenar los costos ambientales y sociales del uso de energías contaminantes.

Finalmente, Icefi e Hivos recomendaron que en las agendas de desarrollo locales, nacionales y regionales se prioricen las energías renovables como un pilar del mejoramiento de la calidad de vida de la población, especialmente aquella que se encuentra en situación de pobreza. En ese sentido, las agendas de desarrollo deben reflejar las metas a alcanzar en esta materia, así como su impacto en el bienestar de la población y los recursos ―humanos, materiales y financieros― necesarios para su implementación. Además, el Estado debe garantizar que cualquier proyecto energético contenga un modelo de gobernanza que permita a las comunidades decidir las condiciones en las que dichos proyectos se deben ejecutar, garantizando en primer lugar el interés y bienestar de dichas comunidades.

Ciudad de Guatemala, Guatemala, Centroamérica, 14 de junio de 2016.

Para más información, comunicarse con Juan Pablo Ozaeta al correo juanpablo.ozaeta@icefi.org o al teléfono 502 2505-6363