El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) realizó un balance de la política fiscal al final del primer año de Gobierno del presidente Alejandro Giammattei, identificando desafíos importantes para la política fiscal que logren corregir las falencias y deficiencias observadas de 2020. A criterio del Instituto, la calidad, transparencia, eficacia, eficiencia y prioridades adecuadas del gasto público, un programa anticorrupción y de transparencia fiscal creíble y efectivo, y la reducción del endeudamiento público por medio del incremento de los ingresos tributarios, son premisas obligadas para que el Gobierno pueda recuperar cuotas de legitimidad y credibilidad.

Documento adjunto:

• Comunicado en PDF

El gasto público ejecutado en 2020 equivalió al 89.7% del presupuesto vigente, con niveles anómalamente bajos en el Ministerio de Cultura y Deportes (65.4%), el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (69.6%) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (70.7%). La incapacidad de algunas dependencias gubernamentales para ejecutar el presupuesto es más grave, ya que las cifras oficiales muestran como ejecución presupuestaria la transferencia de fondos de una entidad centralizada a una descentralizada o no gubernamental, la que en realidad no ejecuta los fondos alcanzando a los beneficiarios finales. Como ejemplo notorio de esta anomalía es el caso del Ministerio de Economía, el cual reporta porcentajes altos de ejecución financiera de algunos de los programas de asistencia económica por la crisis sufrida en 2020, pero en realidad esos datos corresponden a la transferencia de fondos al banco Crédito Hipotecario Nacional, el cual no distribuyó los recursos a los beneficiarios de los programas.

Otra anomalía notoria es que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y el Ministerio de Desarrollo Social trasladaron fondos al Programa Mundial de Alimentos para la ejecución del programa Dotación Alimentaria, pero la distribución de los alimentos no se realizó plenamente, pero los ministerios reportan niveles altos de ejecución financiera del presupuesto. Estas y otras anomalías en la ejecución del presupuesto asignado a los programas de asistencia generaron malestar y desconfianza ciudadana, ya que demostraron casos en los que entidades de Gobierno manejaron inadecuadamente o demostraron incapacidad para ejecutar los fondos extraordinarios aprobados para que el Gobierno atendiera la emergencia causada por el impacto de la pandemia.

A los manejos inadecuados y la incapacidad, se sumaron escándalos de corrupción y abusos. Particularmente notorios fueron los escándalos en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, al punto que con solo cinco meses en el poder, el Gobierno del presidente Giammattei destituyó al ministro y todos sus viceministros, acusando a algunos de ellos ante el Ministerio Público por la comisión de delitos asociados a actos de corrupción, pese a ser la principal entidad responsable de responder ante la emergencia por la pandemia. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda también generó escándalo cuando, en octubre de 2020, se hicieron públicas anomalías graves en la Dirección General de Caminos, con denuncias de malversación de una transferencia presupuestaria, falsificación de firmas y adjudicación de contratos a familiares del director de la dependencia, pese a ser la entidad con las mayores responsabilidades en la atención de la emergencia y la ejecución de la reconstrucción de los daños causados por las tormentas Eta e Iota, y que dejó sin ejecutar Q2,106.2 millones, con una fracción importante financiada con préstamos contratados con instituciones financieras internacionales y bonos del Tesoro.

La acumulación de estos escándalos por manejo inadecuado, incapacidad y corrupción desembocaron en la grave crisis política y social de noviembre de 2020 cuando la ciudadanía rechazó enérgicamente la aprobación del presupuesto para 2021. Lamentablemente el Gobierno reprimió violentamente las manifestaciones y no supo manejar adecuadamente la crisis, acelerando la pérdida de credibilidad y legitimidad. Aunque el Congreso de la República dio marcha atrás y archivó el decreto con el que se había aprobado el presupuesto para 2021, la profunda desconfianza ciudadana persiste y constituye una dificultad política considerable para el proceso de readecuación del presupuesto vigente de 2020 para ejecutarlo en 2021, para lo cual el Icefi reitera sus recomendaciones planteadas en diciembre de 2020.[1]

Los escándalos por corrupción, malos manejos e incapacidad prácticamente invisibilizaron los esfuerzos de transparencia fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas. El Icefi reconoció como avances técnicos positivos las mejoras al Tablero Covid-19, el portal en línea con información de aportes a organizaciones no gubernamentales o las mejoras al ejercicio de presupuesto abierto, pero considera que su carácter técnico y su alcance limitado no compensan la gravedad de los escándalos. Para el Instituto, para que el Gobierno logre una agenda de transparencia fiscal efectiva para 2021 debe trascender el ámbito técnico integrándose como componente de una agenda anticorrupción seria y creíble, respaldada por un Gobierno verdaderamente transparente y abierto en todas sus acciones, marcando un cambio de fondo respecto a los errores y abusos que le caracterizaron en 2020.

Aunque las cifras preliminares de ingresos tributarios sugieren que la recaudación de 2020 superará las estimaciones de cierre, la inefectividad de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) continúa siendo uno de los principales desafíos de la política fiscal. Considerando que las estimaciones de la pérdida de recursos por evasión, contrabando y otras formas de fraude tributario en los impuestos sobre la renta y al valor agregado son de alrededor de Q 40.0 millardos anuales, es claro que la SAT no está cumpliendo las funciones establecidas en su ley orgánica. El Icefi considera que una de las principales prioridades de la política fiscal en 2021 debe ser corregir las falencias de la SAT, tornándola en una entidad que efectivamente recupere recursos reduciendo la evasión y el contrabando, protegiendo a los contribuyentes honestos y cumplidos, especialmente durante la crisis y el período de recuperación económica.

La recuperación de la efectividad de la SAT y el consecuente incremento de los ingresos tributarios debe ser la principal acción para reducir el déficit fiscal y el endeudamiento público, a la vez que el Gobierno cumpla sus obligaciones constitucionales. El Icefi reitera que la inversión pública en niñez y adolescencia, la lucha contra la desnutrición infantil, el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, el desarrollo rural, la protección social y la inversión pública en infraestructura deben ser las prioridades del presupuesto en 2021.

La crisis de noviembre de 2020 demostró que la ciudadanía guatemalteca ha colocado el presupuesto y la política fiscal en el centro de los esfuerzos de auditoría social, por lo que reducir la deuda pública por medio del incremento de los ingresos tributarios, implementar un programa anticorrupción y de transparencia serio y creíble, diseñar un gasto público con prioridades adecuadas, efectivo y transparente, incluyendo programas de asistencia y ayuda en 2021, son las premisas obligadas si el Gobierno tiene la intención de recuperar en 2021 la gobernabilidad y la confianza ciudadana.

Guatemala, Centroamérica, 14 de enero de 2021.