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Comunicados

Icefi: el proyecto de presupuesto para 2020 evidencia que las finanzas públicas costarricenses continúan por el camino de la insostenibilidad

     

La primera revisión realizada por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) al Proyecto de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico 2020 presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa el 30 de agosto de 2019,[1] revela que a pesar de la implementación de la reforma fiscal, la insostenibilidad de finanzas públicas persiste y se evidencia en una baja carga tributaria, altos niveles de déficit y un crecimiento acelerado de la deuda pública, elementos que ponen en riesgo la continuidad del modelo de protección social y gobernabilidad democrática que ha caracterizado a Costa Rica. El Icefi reitera la urgente necesidad de buscar un acuerdo fiscal de largo plazo que dé respuesta a los desafíos de crecimiento económico, desarrollo social y gobernabilidad democrática.


 

Por el lado de los ingresos, el proyecto de presupuesto costarricense plantea para 2020 una carga tributaria de 13.2%, que equivale a la observada para 2018 (antes de la vigencia de la reforma tributaria) y que significaría una caída respecto a la estimada por Icefi para el cierre de 2019 de 13.6%. La contracción de la aplicación de sistema tributario es alarmante, considerando que las estimaciones recaudatorias incluyen prácticamente la totalidad de los efectos esperados de la reforma tributaria. Esta caída sería explicada por mayores niveles de evasión, elusión tributaria y flujos ilícitos de capital, por lo que resulta indispensable que la autoridad tributaria defina y ejecute en el próximo año fiscal, planes y estrategias que permitan contrarrestar dichos problemas y evitar la continua pérdida de capacidad ejecutiva del Estado en el cobro de impuestos.

Respecto al gasto público, el proyecto de presupuesto alcanzaría los ¢8,475.5 millardos, lo que representaría 22.0% del PIB, por debajo del 22.1% del presupuesto aprobado para 2019, pero por encima de las proyecciones de presupuesto ejecutado, que el Icefi espera que represente 20.5% del PIB, al cierre de 2019. El presupuesto presentado se caracteriza por la aplicación de recortes en el gasto público, que afecta a ministerios claves como educación y obras públicas y transportes, cuyas asignaciones retroceden en 1.4 y 0.4 puntos del PIB, respectivamente, en comparación con el presupuesto vigente. El recorte en estas áreas podría menoscabar la capacidad del Estado costarricense de garantizar bienestar social mediante la provisión de bienes y servicios públicos.

El Instituto manifestó su preocupación por el nivel de déficit fiscal planteado para 2020, que según el proyecto de presupuesto alcanzaría 7.8% del PIB, por encima del 5.8% estimado por Icefi para el cierre de 2019. Este incremento del déficit reitera la fragilidad de las finanzas públicas costarricenses e implicaría la imposibilidad de alcanzar sostenibilidad fiscal en el mediano plazo, a pesar de los efectos obtenidos por la reforma tributaria. Con los valores previstos en el presupuesto, la deuda del Gobierno Central alcanzaría el 64.7% del PIB en 2020, con lo que se duplicaría el saldo de la deuda observado a inicios de la década (2010), cuando esta registraba el 29.9% del PIB.

El proyecto de presupuesto 2020, es el primer presupuesto presentado después de la aprobación e implementación de la Ley 9635: Fortalecimiento de las finanzas públicas y su contenido revela que la reforma fiscal aprobada resulta insuficiente para resolver los problemas de sostenibilidad fiscal de Costa Rica, como Icefi lo ha advertido en diferentes momentos[2],  haciendo notar que este debilitamiento de las finanzas públicas pone en riesgo la continuidad del modelo de protección social que ha caracterizado a Costa Rica.

El Icefi confirmó que ampliará este análisis y dará recomendaciones más puntuales sobre el proyecto de presupuesto en un documento que publicará en el mes de octubre. Recordó que el presupuesto público refleja las prioridades de una sociedad, por lo que realizó un llamado a las autoridades costarricenses, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, a promover espacios de participación y debate en el que los diferentes sectores de la sociedad puedan expresar sus valoraciones sobre el proyecto de presupuesto 2020 y asumir responsabilidades compartidas en la solución de los problemas que afrontan las finanzas públicas. 

En ese sentido, el Instituto insistió en la necesidad de construir un acuerdo fiscal, con visiones de corto, medio y largo plazo, que bajo los principios de inclusión, participación y reciprocidad, permita lograr acuerdos para mejorar la progresividad tributaria; reducir de la evasión y elusión; evaluar privilegios fiscales y minimizar el gasto tributario ―que para 2018, ya había superado el 5% del PIB―;  controlar los flujos ilícitos de capital; adoptar el principio de renta mundial; fortalecer la transparencia y rendición de cuentas; reestructurar la deuda y mantener niveles de gasto público que garanticen la cobertura universal y la calidad de los mismos. De no hacerlo, los desafíos de Costa Rica en materia de crecimiento económico, desarrollo social y gobernabilidad democrática, continuarán agravándose.

 

San José, Costa Rica, 12 de septiembre de 2019.