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Comunicados

Icefi: la iniciativa de ley 5792 constituye un grave retroceso al derecho de acceso a la información pública en Guatemala

     

Ante la intención del Congreso de la República de aprobar[1] la iniciativa de ley número de registro 5792, Reformas al Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República, Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) analizó el dictamen favorable con modificaciones que para esta iniciativa de ley emitió la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso de la Republica.[2] En este análisis el Icefi encontró anomalías de fondo graves, cuya aprobación representaría un significativo retroceso de las garantías actuales al derecho de acceso a la información pública, debilitando con ello una herramienta fundamental para que la ciudadanía y medios de comunicación puedan realizar auditoría social al gasto público, por lo que recomienda al Congreso de la República no aprobarla.


Documentos adjuntos: 

Como principal anomalía, el Icefi considera que el dictamen favorable para la iniciativa de ley 5792 tergiversa la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información y su Guía de Implementación,[3] así como el reconocimiento por parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en cuanto la necesidad de crear un órgano de supervisión independiente y especializado responsable de supervisar el funcionamiento del régimen de acceso a la información pública y su cumplimiento. Además, facultado para revisar las respuestas negativas de los sujetos obligados con el fin de adoptar una decisión, sin perjuicio del control judicial oportuno respecto de las decisiones que niegan el acceso a la información.

El dictamen de la iniciativa de ley 5792 invoca el estándar de la OEA, pero el articulado propone disposiciones legales para la creación de una Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública (ONAIP), que de ser aprobadas violentarían las características básicas del órgano independiente y técnico que recomienda la OEA. Entre las anomalías, el Icefi destaca las siguientes:

  • Contrario a lo recomendado por la OEA, la discusión de esta propuesta legislativa no fue pública, abierta e incluyente, y con ello marginó puntos de vista sobre la conveniencia y alcance de una reforma a la LAIP, una ley esencial para garantizar la transparencia y la auditoría social.
  • La ONAIP propuesta es altamente vulnerable a la captura con fines políticos, por lo que violenta las recomendaciones de la OEA en términos de independencia. El dictamen de la iniciativa de ley 5792 propone que la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso de la República sea la facultada para elaborar la nómina de candidatos para las autoridades de la ONAIP, pese a que en esa comisión de trabajo no existe representación igualitaria de todos los bloques parlamentarios, y no plantea condiciones claras y explícitas de participación del público en el proceso de nominación. El nombramiento y remoción de las autoridades superiores de la ONAIP sería muy volátil, ya que requeriría aprobación con mayoría simple (la mitad más uno), contraria a la recomendación de la citada Guía de la Ley Modelo de la OEA, en cuanto a la protección que ofrece el requerimiento de aprobación por mayoría calificada (dos terceras partes) de diputados y diputadas del Congreso de la República.
  • Dentro de las atribuciones que se proponen para la ONAIP, no se incluye la facultad para resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados de la LAIP, contrario a las facultades que tienen los institutos de acceso a la información de México, El Salvador, Honduras o Chile. De esta forma, impulsar una reforma a la LAIP de esta magnitud, manteniendo el esquema actual de recursos de revisión resueltos por el mismo sujeto obligado y sin intervención del órgano garante, no añadiría ningún valor relevante de protección al derecho de acceso a la información pública, y  contraviene lo expresado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, en cuanto a que la capacidad para resolver controversias sobre la provisión de información a través de decisiones vinculantes debe ser una atribución central de los órganos garantes del derecho a la información pública.
  • Se propone, sin justificación técnica, un modelo de órgano garante unipersonal en lugar del modelo colegiado que recomienda la Ley Modelo de la OEA. Además, la Guía de la Ley Modelo de la OEA señala que en los esquemas como el propuesto con una autoridad unipersonal, con la excusa de costos menores, el riesgo de politización de la persona o la oficina es mayor.
  • El régimen de infracciones y sanciones administrativas que se propone colisiona con el texto de los delitos contenidos en los artículos 64, 65, 66 y 67 de la LAIP. En caso de ser aprobada la propuesta, se corre el riesgo de que acciones destinadas a bloquear el cumplimiento de la LAIP se resuelvan con el pago de una multa, evadiendo la sanción penal que ya establece la LAIP.
  • La propuesta viola el primero de los Principios de alto nivel para la participación, la rendición de cuentas y la transparencia fiscal de la Iniciativa Mundial de Transparencia Fiscal, por cuanto los sistemas jurídicos a nivel nacional deben establecer una clara presunción a favor de la disponibilidad pública de la información fiscal sin distinción, asegurando que todas las personas puedan pedir cuentas a los funcionarios y al gobierno en su conjunto sobre la gestión en el uso de los recursos públicos.[4]

Debido a la gravedad de estas anomalías, el Icefi recomienda al Congreso de la República no aprobar la versión dictaminada de la iniciativa de ley número 5792. Además, recomienda que  toda discusión de propuestas para reformar la LAIP, observen los principios de publicidad, apertura e inclusión, se cumplan con rigor las recomendaciones de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información y su Guía de Implementación, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y se respeten los Principios de alto nivel para la participación, la rendición de cuentas y la transparencia fiscal de la Iniciativa Mundial de Transparencia Fiscal; pero sobre todo, que toda reforma a la LAIP fortalezca y no debilite las garantías actuales al derecho de acceso a la información pública.

 

Guatemala, Centroamérica, 17 de noviembre de 2020.




[1] Véase la literal d) del numeral 6 del orden del día aprobado por la Instancia de Jefes de Bloque para el miércoles 18 de noviembre de 2020, disponible en https://bit.ly/32QTaUC.

[2] Disponible en https://bit.ly/3nu2i9M.  La versión original de la iniciativa de ley número de registro 5792 está disponible en https://bit.ly/2UBl2YB.

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