El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en el contexto de la propuesta del cargo para inversión social en electricidad, reitera su llamado al Gobierno y a la sociedad salvadoreña para buscar soluciones integrales a las necesidades de financiamiento de las políticas públicas.

El Icefi recuerda que el peso de las utilización de energías renovables en la generación de energía eléctrica, pasó de representar 76.6% en la década de 1980 a sólo 54.4% en 2015; y que a la fecha, todavía el 5% de los hogares no cuenta con acceso a energía eléctrica (aproximadamente 310 mil personas).

Entre 2007 y 2014 el Estado salvadoreño destinó USD3,718 millones para financiar el funcionamiento del sector energético, lo que equivale a un promedio anual de USD464.8 millones (2% del PIB), con una clara tendencia al alza, pues se pasó de USD297.6 millones (1.5% del PIB), en 2007, a USD549 millones (2.2% del PIB), en 2014. Del total del gasto emprendido por el Estado salvadoreño, el 58.1% ha sido destinado a los subsidios: transporte público, gas propano y electricidad. Estos subsidios, en el caso de la electricidad, están mal focalizados, pues, además de destinarse a la generación de fuentes energéticas no renovables, más de la mitad es asignado a personas que no están en situación de pobreza.

Ante esta realidad, el Icefi ha reiterado en varias oportunidades la necesidad que el Estado juegue el rol protagónico que le corresponde para garantizar el acceso universal a la energía eléctrica, la cual además debe provenir de fuentes renovables y a costos accesibles para la población; en dicho esfuerzo, el papel central debe ser asumido por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), por ser la única empresa pública del sector energético.

La situación financiera de la CEL es un reflejo de las finanzas públicas nacionales actuales, al no disponer de los recursos suficientes para liderar la transformación de la matriz energética; aunada a los problemas relacionados con el endeudamiento.  Solo en 2015 una tercera parte de su presupuesto se financió con endeudamiento, mientras que el monto utilizado para atender las amortizaciones de la deuda alcanzaron 18.3% del presupuesto, superior al 15.3% para inversión. Por ello, el Icefi reconoce la necesidad de dotar de más recursos a la CEL, sin embargo, los instrumentos a utilizarse para dicho objetivo deben partir de una discusión integral del sector energético, en la que adicionalmente se evalúen los subsidios e incentivos otorgados, para que estos sean congruentes con la búsqueda de sostenibilidad fiscal y ambiental.

El Icefi cuestiona que no sea del conocimiento público ningún estudio técnico que respalde el nuevo cargo a la electricidad, en el que se estime el monto a recaudar del mismo y se evidencie que no se afectará a los hogares que tienen que vivir con el flagelo de la pobreza, reconociendo además que cualquier cargo debe tener las características de ser progresivo.

Finalmente el Icefi reitera que la propuesta de este cargo adicional, pone en evidencia la necesidad urgente de lograr un acuerdo fiscal integral, que permita con la urgencia del caso, disponer de una política fiscal que permita alcanzar el desarrollo integral de la sociedad salvadoreña.