El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó su Documento para el Diálogo Fiscal titulado “Los desafíos fiscales del nuevo Gobierno de Costa Rica” en el que realiza una evaluación de la situación económica y fiscal del país, especialmente sobre la estrategia de austeridad fiscal implementada por el Gobierno anterior y realizó algunas recomendaciones al Gobierno de Rodrigo Chaves que pueden ser consideradas para reducir el crecimiento de la deuda pública, sin poner en riesgo el crecimiento económico y el bienestar de la población.

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• Publicación - Los desafíos fiscales del nuevo gobierno de Costa Rica
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La presentación inició con la revisión del comportamiento económico de Costa Rica, destacando la tendencia decreciente que data desde gobiernos anteriores.  Así, mientras en el período 1992-2000 la tasa de crecimiento medio fue de 5.2%, se redujo a 4.4% entre 2001-2010 y hasta 3.6% entre 2011-2019, agudizándose entre 2016-2019 cuando se contrajo hasta 3.3%.   Luego de los efectos de la crisis sanitaria, la economía apunta a recuperar su ritmo potencial en torno al 3.3% en el largo plazo (FMI, 2021).  Costa Rica está considerada por el Banco Mundial (2022) como un país de ingresos medios altos que mejoró su complejidad económica al pasar de la posición 62 en 2011 hasta la 50 en 2020 (OCE, 2022) como resultado de la implementación de una mayor diversificación en los productos para la exportación, incluyendo una creciente industrialización; una relativa estabilidad macroeconómica con inflación moderada y un prestigio que incluso permitió que el país ingresara a la OCDE en 2021.

Sin embargo, el modelo, al margen de la desaceleración en el crecimiento, muestra síntomas de agotamiento y estancamiento, entre los que destacan: la reducción de la inversión del 24.6% del PIB en 2018 al 19.6% en 2021; la disminución en la atracción de inversión extranjera que pasó de 8.3% del PIB en 2007 hasta el 3.4% en 2020; un retroceso en el Índice de Competitividad Global hasta la posición 62 en 2019 luego de la 47 en 2017 y estar dentro de las cincuenta economías más competitivas en toda la década previa.  Asimismo, el modelo muestra, como consecuencia de expectativas de inestabilidad y un déficit comercial crónico (7.0% del PIB en los últimos años), una tendencia a la depreciación acelerada del tipo de cambio, 7.4% desde diciembre de 2021 y 11.1% interanual.   

En materia social, Costa Rica retrocedió en el Índice de Desarrollo Humano desde la posición 51 en 1999 hasta la 62 en 2019,  y aun cuando es considerado como un país de desarrollo muy alto, cedió la posición del más desarrollado en Centroamérica, a manos de Panamá.   Además,  los datos muestran una pérdida de peso relativo de los salarios que bajaron del 50.5% del ingreso nacional en 2013 hasta el 48.7% en 2021; un aumento en la desigualdad, reflejada por el aumento del Índice de Gini desde el 0.507 en 2010 hasta 0.524 en 2021; un aumento del desempleo hasta 13.1% de la PEA y de la informalidad desde 35.7% en 2011 hasta 45.8% en 2021; el mantenimiento relativamente constante de los niveles de pobreza,  y un nivel creciente de criminalidad.

En ese entorno, en las recientes elecciones la población manifestó su rechazo a los partidos políticos tradicionales, a los que culpa por el aumento de la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la creciente deuda, considerados como problemas principales.  En el proceso, el actual presidente Chaves consideró necesaria la reconstrucción de la democracia, a partir de la atención de las necesidades de la población afectadas por la desigualdad que ha erosionado el régimen de bienestar social.  Como corolario, el Estado cuenta con un Plan Estratégico Nacional 2050 que contempla la ejecución de obras de interés social por un monto mínimo de USD8,636.9 millones adicionales al gasto actual (13.9% del PIB) más los gastos necesarios de mantenimiento.

No obstante,  y pese a las declaraciones del actual presidente y de su Plan Estratégico, la política fiscal utilizada durante el Gobierno de Carlos Alvarado y que aún se refleja en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022-2027 (MFMP)  vigente, descansa en la adopción de una estrategia indiscriminada de austeridad fiscal, con el objetivo único de reducir la deuda pública, descuidando totalmente el bienestar de la población y el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.   Así, el MFMP en su escenario más probable contempla una contracción del gasto público del 2.3% del PIB a partir de una reducción del 1.6% en las remuneraciones (26.2% del total esperado en 2022) y del 0.8% en el pago de intereses de la deuda; esto como producto de la adopción de la Ley Marco del Empleo Público y la aplicación de la regla fiscal, la implementación de un plan de austeridad general, el esfuerzo por renegociar la deuda para reducir la tasa de interés aplicable a la deuda y una reforma fiscal muy limitada, que no considera ningún esfuerzo por mejorar la eficiencia en la recaudación tributaria.  Este modelo no toma en cuenta las experiencias ampliamente documentadas, en donde se evidencia que la aplicación de programas de austeridad indiscriminada produce reducción del crecimiento económico, aumento en el spread de la deuda soberana y deterioro en la igualdad y el bienestar de la población.

La evidencia muestra que la estrategia fiscal seguida hasta la fecha no ha ofrecido los resultados esperados dado a que, al margen de los efectos de la crisis sanitaria, el déficit fiscal continúa siendo alto, al extremo que el presupuesto 2022 contempla un nivel de 6.1% del PIB, lo que implicaría un crecimiento de la deuda hasta el 69.2% del PIB, que puede incluso ser mayor de mantenerse la tendencia creciente del tipo de cambio; como tal la deuda se mantendría en el rango de insostenible, produciendo una fuerte vulnerabilidad sobre la economía del país.

El problema central deriva de que el esfuerzo fiscal único del Gobierno se focaliza en la contracción del gasto, lo que se ha conseguido reduciendo tanto  gastos de funcionamiento y de inversión, pero su disminución ha sido rápidamente compensada por el creciente nivel de intereses de la deuda, por lo que el efecto luce imperceptible; además, en el camino se han destinado sostenidamente montos menores de recursos para atender los compromisos en los rubros de educación, y de aspectos económicos e infraestructura, ambos de mucha importancia para el bienestar social.   De esa cuenta, el coste social primario de la austeridad se ubica en la atención de las necesidades de la población.

El enfoque de disciplina fiscal  ha descuidado dos aspectos fundamentales:  a) el gasto sí debe ser optimizado pero no con una estrategia de recorte indiscriminado, sino como resultado de procesos de reingeniería que permitan la ubicación de los espacios en donde se están desperdiciando recursos, a fin de reorientarlos en nuevos espacios de bienestar social, y b) no se ha emprendido ningún esfuerzo real por hacer más eficiente la recaudación tributaria, que hoy muestran espacios fiscales por cerca del 11.0% del PIB que serían de mucha utilidad para la reducción de la deuda en el largo plazo; aquí destacan los referentes al incumplimiento tributario, los flujos ilícitos de capital y el contrabando.

Por otro lado, Costa Rica ha sido históricamente uno de los países más transparentes en la región, como lo refleja su posición 39 en el Índice de Percepción de la Corrupción. Sin embargo, especialmente las autoridades fiscales previas han recurrido a prácticas no recomendables entre las que se encuentra la utilización de cifras no oficiales para comparaciones, la no publicación de datos de ejecución fiscal y la falta de participación de la población en la formulación presupuestaria.

Como consecuencia de los anteriores aspectos, el Icefi recomendó a las autoridades actuales que el problema fiscal se enfrente no como un problema de deuda, sino como un problema de suficiencia fiscal, por lo que la solución implica una estrategia integral:  de optimización de los gastos y los ingresos públicos y de colocación de la deuda.   También recomendó la redefinición de las políticas fiscal y tributaria del país, recordando que el propósito fundamental del Estado es la mejora del bienestar de la sociedad; como tal estas políticas deben tomar en consideración la mejora en la eficiencia de la Dirección General de Tributación y el papel del sector público en la economía.  También recomendó la necesidad de evaluar el modelo económico y social de Costa Rica que ha descansado en la promoción de ciertos sectores económicos.   Finalmente, para revitalizar la transparencia fiscal, recomendó abandonar las prácticas de opacidad y robustecer los espacios de participación ciudadana, habilitando la posibilidad de la discusión social de los temas fiscales, especialmente de aquellos vinculados con el bienestar de la población.

Centroamérica, 12 de julio de 2022.