El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales -Icefi- presentó el día de hoy en San Salvador, los principales hallazgos del estudio «Bases para el desarrollo rural en Centroamérica» elaborado con el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

A pesar de que dos de cada cinco salvadoreños, unos 2.4 millones de personas, habita en el área rural, en comparación con los habitantes de las áreas urbanas, las poblaciones rurales continúan teniendo menor acceso a los bienes y servicios básicos, lo cual genera amplias brechas de bienestar, empleo e ingresos. Además, la pobreza muestra su rostro más amargo a los habitantes rurales, con mayor énfasis en mujeres. Los últimos datos nacionales registran que alrededor del 38% de la población rural vive en situación de pobreza, en contraste con el 28.5% de la personas que habitan en la zona urbana.

No obstante, el Icefi planteó que una nueva ruralidad es posible. Una donde todos los niños y las niñas tengan acceso gratuito y de calidad a la educación; donde hombres y mujeres cuenten con las mismas oportunidades para su desarrollo pleno; donde se respete el derecho a que los pueblos indígenas fomenten su propio desarrollo; donde el medio ambiente no sea visto como un espacio para la depredación y la sobreexplotación, sino como la oportunidad de lograr un desarrollo sostenible y sustentable. Pero, además, un desarrollo rural cimentado en una política fiscal justa, progresiva y suficiente, que constituya la base para la democracia y para potenciar el desarrollo de los pueblos.

Para ello, realizó propuestas que parten de un análisis sobre el estado en que actualmente se encuentran las distintas esferas que componen el desarrollo rural. Con base en esta perspectiva, el Icefi se dio a la tarea de diseñar intervenciones puntuales en los ámbitos de fortalecimiento del sector rural, programas de protección social, infraestructura rural, protección del medio ambiente y tejido social e identidad cultural.  Se trata de propuestas de intervención elaboradas bajo una perspectiva integral y con un carácter de gradualidad que permita, a la vez, ir midiendo y evaluando los resultados e impactos esperados.

La implementación de estas propuestas tendrán un costo para El Salvador de 6.41% de su PIB para el año 2025. Además, el Instituto instó a que el país fortalezca la institucionalidad del desarrollo rural mediante la creación de una secretaría o un ministerio de desarrollo rural, con el objetivo de coordinar interinstitucionalmente las intervenciones de política pública en el ámbito rural.

Finalmente, el Icefi invitó a la sociedad salvadoreña a poner en marcha procesos de diálogo y negociación que conduzcan a acuerdos integrales en materia fiscal, los cuales deberán tener como principios guía la progresividad, la justicia social, la sostenibilidad y suficiencia, así como la transparencia y la rendición de cuentas. Potenciar el desarrollo rural por medio de una política fiscal moderna y responsable es la base en la construcción de Estados verdaderamente democráticos y potenciadores del desarrollo nacional y regional.

San Salvador, El Salvador, Centroamérica, 17 de mayo de 2016.