Icefi saluda y llama a apoyar los esfuerzos de la SAT para investigar y sancionar los delitos cometidos en el Caso B-410
El denominado B-410 es un caso en el que se emplearon mecanismos para crear estructuras artificiales basadas en empresas ficticias, sin sustento y substancia económica, con el fin de aparentar redes de compraventa de bienes y servicios, con el propósito de evitar o reducir el pago del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto sobre la renta (ISR), al que están obligadas las empresas principales de las referidas estructuras.
Además de ser una estructura sin sustento económico, son una muestra de los mecanismos de simulación tributaria que utilizan estos grupos empresariales defraudadores, con el propósito expreso de engañar a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Como agravante, la legislación vigente no los sanciona apropiadamente, facilitando su enriquecimiento ilícito.
Un elemento muy importante en el diseño y operación de estas redes es la creación de empresas ficticias o de cartón, favorecidas por los mecanismos de arbitraje que plagan la Ley del ISR, que permiten estrategias de planificación fiscal agresiva. En sus estudios e investigaciones, el Icefi ha recomendado corregir esta legislación, como medida para evitar estas pérdidas de recaudación. En 2023 el Instituto estimó que estos mecanismos generan una pérdida fiscal anual de alrededor de 3.9% del producto interno bruto, equivalentes a Q21,590.6 millones en 2022.
En años anteriores la SAT ha denunciado casos similares, como el vinculado a la red de Norman Tejeda, quien en 2009 fue acusado de emitir facturas falsas por Q17,000 millones, por medio de su red de defraudación. También ha denunciado estructuras similares de defraudación, que en 2010 y 2011 pretendieron documentar solicitudes de devolución a exportadores de crédito fiscal del IVA usando facturas espurias. Aunque en menor dimensión, destacan los hallazgos en 2015 de la red de defraudación asociada al caso La Línea.
Los mecanismos de defraudación denunciados en el pasado evidenciaron la fragilidad de los controles de la devolución del crédito fiscal del IVA a los exportadores, obligando a la SAT a adoptar nuevas estrategias para evitar estas prácticas, especialmente la detección de facturas anómalas empleadas para documentar solicitudes de estas devoluciones de crédito fiscal. Para el Caso B-410 actual, las redes de defraudadores tributarios, además de estas prácticas detectadas en el pasado, aprovecharon las debilidades en el sistema de adquisiciones públicas, especialmente en las municipalidades. Una deficiencia notoria es que para calificar proveedores solo se requiere la solvencia fiscal, una constancia de ausencia de incumplimiento en deberes tributarios formales, y no son objeto de auditorías frecuentes que verifiquen el pago de impuestos. Estos proveedores, al suscribir contratos con entidades estatales, al margen de que se ejecuten o no las ventas de los bienes y servicios, la ley les permite documentarlas en sus contabilidades.
El Icefi reconoce que con la detección e investigación del Caso B-410, la SAT demuestra un avance importante en aprovechar las tecnologías de la información, y saluda la voluntad de sus autoridades por combatir estos delitos tributarios. El mérito es mayor, cuando se recuerda que en Guatemala estas investigaciones en contra de estas prácticas ilegales son riesgosas, y que, en el pasado, incluso empleados de la SAT han perdido la vida desempeñando tareas de fiscalización y control tributario.
El Icefi recomienda a los organismos Ejecutivo y Legislativo apoyar y complementar los esfuerzos de la SAT con reformas a la legislación tributaria. Estas reformas deben corregir las debilidades de la Ley del ISR suprimiendo los mecanismos de arbitraje, fortalecer las sanciones a los defraudadores denunciados, inhabilitándoles el número de identificación tributaria, y permitir el acceso inmediato de la SAT a las bases de datos de proveedores de energía eléctrica y agua, para verificar los domicilios de los contribuyentes que solicitan crédito fiscal o que generen deducciones a favor de otras empresas.
Además, el Icefi recomienda que los proveedores y contratistas del Estado deben ser controlados por la SAT en calidad de contribuyentes especiales, fortaleciendo los controles de cumplimiento tributario y auditarlos con frecuencia. Para el Instituto, el Caso B-410 confirma la improcedencia e inconveniencia de debilitar los controles establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, especialmente los aplicables a las operaciones de adquisición pública realizadas por las municipalidades, contrario a lo que en la actualidad están solicitando grupos de alcaldes.[1]
El Icefi insta al Estado guatemalteco a emprender una acción coordinada y enérgica para apoyar y complementar los esfuerzos de la SAT para que se sancionen conforme a la ley los delitos cometidos en el caso B-410 y todo fraude tributario. En particular, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y los juzgados e instancias jurisdiccionales pertinentes deben actuar conforme a sus mandatos y facultades legales, evitando que los delitos denunciados por la SAT queden impunes.
Guatemala, Centroamérica, 9 de octubre de 2024.
Para más información, comunicarse con Mónica Juárez al teléfono (502) 2505-6363 o al correo electrónico monica.juarez@icefi.org.
[1]
Véase, por ejemplo, el comunicado de prensa del Icefi en el que se le recomienda al Congreso de la República no aprobar la iniciativa de ley número de registro 6438, que propone la creación de un régimen laxo de adquisiciones públicas, específico para las municipalidades. Disponible en https://www.icefi.org/comunicados/guatemala-el-icefi-recomienda-al-congreso-no-aprobar-el-regimen-paralelo-de
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