asamblea legislativa
Para atender la emergencia relacionada con la pandemia se sabía que era necesario destinar millones de dólares provenientes de los impuestos, actuales y futuros, de la población. Con los votos de todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa y con el aval del Presidente de la República se creó en 2020 el Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica (FERRE), un fondo de USD2,000 millones (casi una tercera parte de todo el presupuesto público aprobado para 2020).
Parecería algo sin transcendencia que los presupuestos estén técnicamente bien elaborados. Pues hablar de ingresos sobreestimados o gastos subestimados se podría pensar que solo son tecnicismos relevantes para algunos economistas, aunque sin importancia para la población. Pero no es así, las implicaciones de este tipo de errores pueden traen costos muy grandes para el país. Lo que está pasando con Fomilenio II es un claro ejemplo de ello.
Este día, en el seno de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, de la Asamblea Legislativa, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó su análisis y recomendaciones al Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado del Ejercicio Financiero Fiscal 2021.
«[…]Para buen entendedor pocas palabras. Adiós», señalaba el Ministro de Hacienda, ante una pregunta realizada en Twitter por un noticiero televisivo, donde, hasta el momento que publicó su tuit, el 97% de las cuentas había respondido que la Asamblea Legislativa debía aprobar elpresupuesto para 2021 sin mayores contratiempos. Esto se daba justo después de salir de una reunión con la Comisión de Hacienda, donde realizó una presentación sobre el proyecto de presupuesto para 2021, acompañado por el Presidente del Banco Central de Reserva.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en su primer análisis del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado del Ejercicio Financiero Fiscal para 2021 de El Salvador, destaca el incremento del gasto social, particularmente en educación y salud, como una decisión correcta, especialmente en el marco de una de la peores crisis económicas y sociales que atraviesa el país, sin embargo, lamenta que un año más, se siga sin contar con un presupuesto vinculado a metas y resultados.
Como parte de su plan de trabajo, el Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica presenta un informe mensual.
Documentos adjuntos
En un contexto electoral, de pandemia y de una de las peores crisis económicas de la historia, la realidad puede tornarse muy frustrante, incluso deprimente, en especial al ver el show politiquero que cada día montan el Ejecutivo, el Legislativo y algunas de las candidaturas de los partidos políticos.
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa recibió este lunes a los representantes de las instituciones que conforman el Comité Especial para tutelar la transparencia en el uso del Fondo de Emergencia para atender los efectos de la pandemia.
La función pública es una de las mayores responsabilidades que una persona puede asumir, porque significa representar a la población en el ejercicio del poder público, pero sobretodo tener el poder de tomar decisiones de política pública que impactarán, para bien o para mal, la vida de las personas.
Estamos en una emergencia sanitaria de grandes dimensiones que a su vez tendrá serias consecuencias en materia social y económica. Por si fuera poco, también estamos en un año preelectoral con una clase política más preocupada por los resultados de las elecciones del 2021, que por cumplir con sus obligaciones constitucionales de gobernar e implementar políticas públicas para garantizar los derechos y bienestar de la población.
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