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En Guatemala, el sistema de adquisiciones públicas ha evolucionado a lo largo del tiempo. Aunque se han realizado esfuerzos que han resultado en importantes avances, es necesario garantizar procesos de compra transparentes, eficientes y efectivos.
En la institución educativa de la que me gradué teníamos la tradición de que a lo largo del año recolectábamos dinero para hacer una celebración de despedida el último día de clases. Para pagar por la celebración cada estudiante del salón aportaba USD0.25 a la semana.
Las lluvias se han hecho presentes este año, y nuevamente, han puesto en evidencia la vulnerabilidad del país ante fenómenos climáticos. Un temporal afectó el territorio nacional durante casi una semana y provocó derrumbes, calles inhabilitadas, viviendas y negocios afectados, cultivos perdidos, personas evacuadas y, lamentablemente, también la pérdida de 19 vidas humanas. No quiero imaginar si en lugar de un temporal nos hubiera afectado una tormenta tropical o un huracán.
Hace una semana se inauguraron las oficinas de Google en El Salvador, de parte del gobierno esto se celebró con bombo y platillo, las cuentas gubernamentales replicaron en las redes sociales como esa “inversión” es un logro más del presidente y que un rótulo en un edificio es un signo innegable de la transformación del país. Pero más que un logro, esta es una jugada maestra de la administración Bukele.
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La magnitud de la pobreza es algo que supera lo que de manera individual o particular se pueda hacer.
Promover que el Estado invierta en la ciencia, es apostar en grande al desarrollo. La necesidad de nuestros países por desarrollar su agroindustria, sus manufacturas, su infraestructura vial, la urbanización y planificación territorial, su transporte público, sus áreas de recreación y culturales, entre otras intervenciones, son cuestiones que se pueden lograr con el respaldo de las ciencias y tecnologías.
El informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, elaborado por Naciones Unidas, se indicaba que entre 2019 y 2021, el 46.5 % de la población salvadoreña, el 49.9 % de la hondureña y el 55.9 % de la guatemalteca había sufrido inseguridad alimentaria.
La respuesta ante los desafíos de la administración pública no es desecharla y mucho menos sustituirla por lo privado, que pareciera ser la única alternativa, sino trabajar por fortalecerla.
