Representantes del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, junto al ministro de Finanzas Públicas y el Superintendente de Bancos, analizaron los posibles impactos de la decisión de la Corte de Constitucional de dejar en suspenso el artículo 30 “C”, del código tributario. Mismo que faculta a la Superintendencia de Administración Tributaria, a solicitar información bancaria para cumplir su mandato. Esto en un foro realizado el 30 de agosto, organizado por el Icefi, y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales –ASIES-.

-COMUNICADO-

El evento fue inaugurado por la doctora Raquel Zelaya, presidenta de la Junta Directiva de ASIES, quien en su intervención agradeció la presencia de los letrados de la Corte de Constitucionalidad que dan seguimiento y análisis a este tema. De igual manera, Jonathan Menkos Zeissig, director ejecutivo del Icefi, dio la bienvenida y destacó la importancia que tiene que los centros de pensamiento den sus aportes en temas tan importantes como el que convocó a este foro.

El ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, expuso que el país con la suspensión temporal del acceso a información bancaria por parte de la SAT, el país se expone al incumplimiento de compromisos internacionales, afectando principios como el de “Pacta Sunt Servanda”, principio fundamental en el Derecho Internacional, conforme al cual los tratados deben ser cumplidos. Asimismo, expuso el esfuerzo que llevó levantar el secreto bancario en el país. Asimismo, José Alejandro Arévalo, titular de la Superintendencia de Bancos, aseguró que la medida reducirá la capacidad de recaudación de la SAT, hará que la OCDE declare a Guatemala como país no cooperante, y ocasionará un retroceso en la reducción en las calificaciones de riesgo soberano.

El representante del BID, Alberto Barreix, dijo por su parte que Guatemala ha avanzado en el proceso de liberalización comercial, pero que esta medida dificultará el intercambio comercial con otros países, y recomendó a Guatemala que no complique con un asunto administrativo, un asunto que debería ser económico.

Armando Lara Yaffar, representante del Banco Mundial, se refirió a la iniciativa del Foro Global de realizar evaluaciones sobre intercambio de información previa petición (EOIR) y apuntó que solo una de las 123 jurisdicciones revisadas no puede todavía intercambiar información bancaria conforme al standard de EOIR, y que Guatemala podría convertirse en el segundo país. Agregó que en septiembre vendrá al país la misión sobre intercambio de información, y si permanece la suspensión del artículo 30 “C” del código tributario, el retroceso en la calificación será un hecho.

Finalmente, María Concepción Carrera, del Fondo Monetario Internacional, agregó que actualmente Guatemala está en el primer escalón de los instrumentos que la comunidad internacional ha dado para la mejora de la transparencia. La facultad de obtención de información financiera le permite estar en ese primer estadio. Pero si pierde esta facultad, ni siquiera estará en esta posición.

Durante el panel, en varias de las intervenciones se destacó, que la suspensión del artículo del código tributario, sobre acceso a información bancaria, no sólo preocupa por la reputación internacional, y los efectos en comercio e inversión. También se señaló que la información bancaria es vital para aumentar y hacer más efectiva la recaudación tributaria. Pues con la información bancaria se puede gravar a quienes generan transacciones o guardan sus recursos fuera del país. Por lo cual el impacto de no permitir el secreto bancario es fiscal.