Guatemala: la crisis en finanzas que afronta el nuevo gobierno exige una reforma fiscal integral
El Icefi presentó un análisis del contexto fiscal, financiero, político y social en Guatemala –al cierre del 2019–, que se plantea como una situación complicada para el gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
Documentos adjuntos:
El equipo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó la mañana del martes el documento La necesidad de una reforma fiscal integral en Guatemala, que contiene elementos para el análisis de las condiciones económicas y políticas en las que asume Alejandro Giammattei, quien el 14 de enero, junto a su gabinete, tomó posesión de la presidencia.
El análisis, como explicó el Economista sénior, Ricardo Barrientos, refleja que el presupuesto vigente para 2020 es insuficiente para cumplir con los aportes a diferentes entidades como la Universidad de San Carlos (Usac), el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) y las municipalidades, entre otras. El incremento en los aportes constitucionales es cercano a los Q7,300.0 millones después de la sentencia emitida en noviembre pasado por la Corte de Constitucionalidad. Además, la carga tributaria se mantiene en declive, una cantidad que no mejorará salvo que existan mejoras significativas en el funcionamiento de la Superintendencia de Administración Tributaria.
Asimismo, la aprobación del Congreso de la República de nuevos privilegios fiscales, y la entrada en vigencia de la Ley de Simplificación, Actualización e Incorporación Tributaria, que dejaría una pérdida de ingresos en 2020 de por lo menos Q2,000 millones, afectarán la recaudación en 2020. Una situación, consideró el especialista, que exige una medida para sanear las finanzas estatales.
«Este contexto fiscal crítico debe solucionarse con una reforma fiscal integral con componentes de gasto, ingresos, crédito público, transparencia fiscal y lucha contra la corrupción», indicó Barrientos. Eso también se establece como un reto para el presidente Giammattei: proponer una reforma fiscal y perseguir la evasión de impuestos con el fin de mejorar la recaudación del Estado, implicaría enfrentarse a su base política; o, por el contrario, ignorar la situación e incumplir con las promesas de la campaña electoral, agudizaría la grave situación social, especialmente la de aquella población afectada por la pobreza y la desnutrición, y que continúa migrando a Estados Unidos para mejorar su situación de vida.
Entre las recomendaciones presentadas por el Icefi están el promover el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030; diseñar una estrategia viable para revertir la caída de la carga tributaria, recuperando la efectividad de la SAT y superar la crisis de la institución; derogar la Ley de Simplificación, Actualización e Incorporación Tributaria; y revisar la política de endeudamiento público.
Tras la presentación de Barrientos, el evento contó con un panel de discusión integrado por economistas del Icefi: Carlos Melgar, Mark Peñate y Sucely Donis, y moderado por Ana Cevallos.
Melgar, especialista en temas legales, amplió detalles sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad y coincidió en que difícilmente esta sentencia pueda ser revertida pese a los recursos de aclaración del Ministerio de Finanzas o del Organismo Legislativo. Peña, quien ha trabajado en temas de educación y salud pública, reconoce que las propuestas del gobierno van de la mano del plan nacional K’atun. Reiteró que el equipo de Giammattei debe incrementar los niveles de cobertura educativa y de salud, algo impostergable. Para lograrlo, Donis indicó que si bien una reforma fiscal es ideal y se el gobierno deberá sopesarla y diseñarla, incrementar la carga tributaria, reducir la evasión fiscal y mejorar la institucionalidad de la SAT deben ser un objetivo inmediato para el nuevo gobierno.
