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Honduras: Ibis e Icefi presentan el “Diagnóstico de la situación minera en Honduras 2007-2012”

En consorcio, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Icefi, y la organización danesa de desarrollo IBIS presentaron el estudio de caso de Honduras, titulado “Diagnóstico de la situación minera en Honduras 2007-2012”. Estas organizaciones buscan contribuir a un debate informado y técnicamente sustentado entre los actores vinculados a las actividades extractivas.

El estudio destaca el carácter conflictivo de la minería en Honduras, que, en términos generales deviene de: a) enfrentamientos de las empresas mineras con las comunidades; b) bajos niveles de contribución a impuestos nacionales y municipales; c) problemas ambientales; d) violaciones a derechos humanos; y d) marco legal débil y favorable a compañías mineras; y e) institucionalidad débil del Estado para regular las actividades extractivas. Utilizando los ejemplos de la mina San Matías en Francisco Morazán y San Andrés en el occidente de Honduras, el trabajo presenta los actores y sus conflictos.

En su mayoría los conflictos están relacionados con el deterioro ambiental, específicamente por la contaminación de fuentes de agua y deforestación. Otro aspecto determinante de la conflictividad, es la percepción que las comunidades tienen sobre las instituciones públicas como canales inefectivos e ilegítimos para mediar. Asimismo, perciben que estas instituciones no son lo suficientemente transparentes y se inclinan a favor de la minería.

En lo relacionado a la contribución económica de la minería al país, el diagnóstico presentado la califica de modesta dado que durante la década anterior (entre 2000 y 2011) solamente contribuyó en promedio al 1.25% del Producto Interno Bruto (PIB) y generó una nivel de empleo de apenas 0.2% de la Población Económicamente Activa (PEA), equivalente a un promedio de 6,342 puestos de trabajo.

Esto contrasta con la participación en el total de las exportaciones de bienes que durante la primera mitad de la década anterior osciló entre 8% y 12%, reduciéndose, en los años 2007 y 2011, a entre 4% y 8%. En materia de pago de impuestos por parte de las compañías mineras se recalca lo difícil que es conocer estos montos fidedignamente debido a la falta de información. No obstante, estimaciones realizadas por Cepal muestran que el pago de impuestos representa alrededor de 10% de las utilidades de las empresas mineras, muy por debajo del 27% en Perú, 36% en Chile, 37% en Colombia y 58% en Bolivia.

Lo mismo sucede con el pago de regalías a las municipalidades las cuales, de acuerdo a estudios realizados por el Centro de Estudios para la Democracia ?Cespad?, debieron haber sido de alrededor de USD 10 millones para el período comprendido entre 2001 y 2007, mientras que lo efectivamente pagado fue un millón de dólares, lo que equivale al 0.1% del total de exportaciones. El documento llama a aumentar la transparencia y los niveles de contribución en materia tributaria.

Finalmente, al analizar la nueva Ley de Minería, que entró en vigencia en enero de 2013, el informe advierte que el espíritu promotor de la misma, sin el suficiente consenso social para su aprobación, además de la falta de sanciones y una regulación dependiente de instituciones débiles, podrían conducir a mayor conflictividad con las comunidades cercanas a los proyectos mineros, así como a una mayor polarización del tema. El consorcio IBIS-Icefi propone como solución iniciar un proceso de reformas legales e institucionales para cambiar el enfoque de la minería en Honduras, para transitar de una estructura promotora a una reguladora.

Tal y como el estudio advierte, este proceso plantea desafíos tanto técnicos como políticos, entre los cuales se destaca la urgencia de un debate amplio e incluyente (en especial, a las comunidades afectadas por los proyectos mineros), que permita construir espacios de diálogo transparente e informado, y que, muy especialmente, permita además evaluar a la minería de metales como opción de desarrollo, sopesando sus costos y beneficios, reconociendo que la protección y garantía de los derechos humanos debe ser el punto de partida en cualquier discusión sobre la minería y el desarrollo de Honduras.