El foro público «La minería metálica en Centroamérica: impactos, transparencia y fiscalidad» se realizó el pasado 31 de marzo en la ciudad de San Salvador, con el propósito de presentar los hallazgos de un estudio del mismo nombre realizado por Oxfam, bajo la coordinación del Centro de Estudios Guatemala (CEG). El evento -realizado dos días después de que la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Prohibición a la Minería Metálica- contó con un panel de comentaristas que analizaron el impacto que han tenido las industrias extractivas, y las implicaciones de la ley recién aprobada.  

El estudio fue presentado por Oswaldo Samayoa, coordinador jurídico del CEG, quien abordó temas como los antecedentes históricos, el marco legal, la conflictividad social y la militarización en zonas de desarrollo minero, y los impactos de la actividad minera en las mujeres. En tanto, el economista sénior del Icefi para El Salvador, Ricardo Castaneda, presentó el capítulo que estuvo a cargo del Instituto, sobre el aporte económico y fiscal de la minería en Guatemala, El Salvador y Honduras.

#MineríaCA | La moneda de cambio de las industrias extractivas en #LatAm es la conflictividad: @Recasta pic.twitter.com/lfYpY40gvb

— Oxfam en El Salvador (@OxfamElSalvador) 31 de marzo de 2017

Durante su intervención, Castaneda se refirió al impacto en la economía de la actividad minera en el triángulo norte, en el período 2010 – 2015. Las cifras muestran que el sector minas y canteras aportó al Producto Interno Bruto, un promedio de 0.7%, 0.2% y 0.3% en Guatemala, El Salvador y Honduras, respectivamente. Asimismo, las cantidades de empleo que se han registrado en el sector no son significativas. Honduras –que concentra el mayor empleo de los tres países estudiados- registra 9,180 empleos, mientras El Salvador sólo registra 659 empleos.

La presentación de Ricardo Castaneda se refirió principalmente a las implicaciones fiscales de la aprobación de la Ley de Prohibición de Minería Metálica en El Salvador. Y en ese sentido explicó que el aporte tributario de la extracción de oro y plata es insignificante, y que representó en 2016 el 0.001% del presupuesto del gobierno central. Por otro lado, la prohibición de la minería de metales eliminaría los riesgos fiscales asociados con la recuperación futura del medioambiente, y la atención y compensación a las comunidades afectadas por los daños ocasionados por actividades mineras.

El estudio fue comentado por Andrés Mckinley, especialista de Agua y Minería de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, y por Raquel Caballero, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. Ambos se refirieron al significado de la aprobación de la Ley en El Salvador, y expresaron su complacencia con la decisión tomada por la Asamblea Legislativa.