Los recortes en el gasto social, particularmente en áreas de salud y niñez y adolescencia, además de una designación ilegítima al Ministerio de Defensa para la posible compra de aviones militares, entre otros factores, son señales de alarma para que se exija al Congreso de la República modificar varios rubros del proyecto de presupuesto para 2020.

La reciente propuesta del Ministerio de Finanzas para el presupuesto del Estado de 2020 consolida una realidad preocupante para Guatemala: la crisis de la finanzas públicas existe, se mantiene y carece de voluntades políticas para mejorar.

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó este martes el análisis de un proyecto de presupuesto que no debería ser aprobado por el Organismo Legislativo hasta que se lleven a cabo varias modificaciones, como consideran analistas del Instituto. El estudio, elaborado por el Icefi con apoyo de la Embajada de Suecia en Guatemala, Oxfam en Guatemala, Save the Children y la Fundación Nacional para la Democracia (Ned, por sus siglas en inglés), contiene algunas recomendaciones, así como observaciones de rubros que evidencian irregularidades.

“Para el año 2019, la estimación del Icefi es que la carga tributaria caiga hasta un 9.7%, mientras que el proyecto de presupuesto estima que será entre 9.7% a 9.9%”, explicó Walter Figueroa, Economista sénior del instituto y que presentó el análisis. Agregó que esa carga tributaria sería la más baja en los últimos veinte años, una señal de los problemas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para cumplir con las metas de recaudación. 

“Hay riesgos adicionales con esa carga disminuya todavía más”, mencionó. “La Ley de Simplificación, Actualización e Incorporación Tributaria podría afectar, además de algunos privilegios fiscales que impondría el nuevo gobierno”. 

Para Figueroa, que el Estado deje de percibir ingresos perjudicaría el cumplimiento de las promesas y planes electorales que ofreció el gobierno del presidente electo, Alejadro Giammattei.

Otro de los hallazgos fue que el gasto como porcentaje del PIB propuesto para 2020 se ubica debajo del promedio de los últimos 21 años. “Esto tiene consecuencias fuertes en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, comentó Figueroa. Entre esas observaciones está un recorte de Q78.7 millones, respecto al vigente 2019, en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Esto disminuiría la cobertura de programas de prevención de la mortalidad de la niñez y la desnutrición crónica, como programas de vacunación.

Por el contrario, hay un incremento de Q1,240.9 millones en el Ministerio de Educación; sin embargo, el aumento no está vinculado a metas globales, mientras persiste la caída en indicadores como cobertura educativa.

Entre las asignaciones presupuestarias anómalas destacan dos: Q55 millones que a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) serán distribuidos a Organizaciones No Gubernamentales de trayectoria dudosa, sin transparencia en sus labores. Además, se asignan Q200 millones al Ministerio de la Defensa bajo la justificación de la “Defensa del espacio aéreo”. Esa cantidad sería utilizada en la compra de los aviones militares producidos en Argentina, una iniciativa que provocó rechazo en varios sectores de la sociedad civil.

Modificaciones necesarias

Para el Icefi, entre los cambios que el Congreso debe hacer al proyecto de presupuesto se encuentran mejorar la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia (IPNA), la cobertura educativa y cumplir los ODS y la agenda 2030 a través de programas que erradiquen la desnutrición crónica infantil, que mejoren la cobertura y asistencia médica y la educación bilingüe, entre otras. Por el contrario, se deben suprimir bolsones de corrupción en carteras como el MAGA, corregir anomalías como asignaciones abultadas en el MSPAS o el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

De la mano debe ir una mejora en instituciones como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con un Plan Anual de Recaudación, Control y Fiscalización para 2020, así como el apoyo en materia de transparencia, lo que implicaría que los ministerios tengan metas de trabajo. Por su parte, el presupuesto de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), añade Figueroa, debería tener un incremento presupuestario para fortalecer su trabajo en la Ley de Acceso a la Información Pública,un elemento para facilitar la fiscalización ciudadana y periodística.

Esas tareas son esenciales en una sociedad y no solo deben limitarse a discusiones en centros de investigaciones o economistas. Anders Kompass, embajador de Suecia en Guatemala, asistió al evento y habló de la importancia ciudadana para analizar y discutir el proyecto de presupuesto.

“La oportunidad que nos da el Icefi con este espacio es sumamente importante para una democracia transparente, que no solo permita sino también fomenta el debate, la participación y el diálogo, con asuntos como este, el presupuesto, que son de gran importancia para la vida”, dijo el diplomático.

Para Kompass, el cumplimiento de los ODS y la agenda 2030, que implica erradicar la pobreza y eliminar cualquier forma de discriminación, incluida la de género, se impulsa a través del presupuesto público.

“Con el fin de alcanzar los objetivos de la agenda 2030 se necesitan estadísticas confiables, financiamiento adecuado e inversión pública para reducir desigualdades económicas sociales”, añadió. 

A esa discusión se sumaron Iván Aguilar, representante de Oxfam en Guatemala; Carlos Barreda, diputado por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); y Alejandra Contreras, de Unicef, quienes destacaron la necesidad de discutir la situación de las finanzas públicas.

Para Aguilar, se mantiene la práctica de asignar recursos cuando no hay herramienta para medir la eficiencia de los mismos. “El presupuesto lo que nos está diciendo es que las metas no corresponden con la asignación de los recursos. Ese es el gran reto, la voluntad política que debe existir en relación a estas metas, que son ambiciosas y que se proponen como una agenda de país. Si se quiere disminuir la desnutrición crónica se deberían plantear metas más realistas”, señaló.

“Hay una serie de cuestiones que deben abordarse, y pasa por la voluntad política como el buen gasto público”, agregó. 

Desde la perspectiva legislativa, Barreda aseguró que se mantiene una desorganización política para lograr acuerdos, como lo muestran los pocos avances en la transición de gobierno. “La idea de adelantar las elecciones era que el próximo gobierno tuviera tiempo para tener un presupuesto del que también formó parte de la discusión”, explicó. 

Además de no haber resultados ni guías de trabajo claras en las cuentas del gobierno electo, esas discrepancias también se reflejan en la carga tributaria y en los cada vez menores ingresos que percibe el Estado. El diputado considera que los incentivos fiscales y la ley de Simplificación Tributaria perjudican todavía más; sobre esa ley, Barreda espera que el próximo presidente vete la iniciativa. Para contrarrestar la recaudación escasa, “es necesario hablar de una reforma tributaria”, sugirió, como una solución para mejorar la carga tributaria y las finanzas públicas. 

En la misma dinámica de las voluntades políticas, Contreras habló desde la IPNA y reconoció que es el trabajo desde el Estado el que puede favorecer mejores condiciones de vida para la sociedad. “El asunto es tener las prioridades claras en la infancia y la adolescencia. Esperamos que la lucha contra la desnutrición sea una de ellas, pero no solo desde la asignación presupuestaria sino también en trabajo de las instituciones”, dijo. 

Los tiempos políticos también son determinantes. La especialista considera que una sociedad democrática favorece la discusión del presupuesto, así como otros rubros, es incluyente con diferentes voces y sectores ciudadanos. “Se debe evitar el divisionismo y señalarnos los unos a otro. Los acontecimientos del 2015 muestran que la juventud necesita un espacio de debate y de reconciliación”, afirmó.

Ese diálogo y esa voluntad política persiste en la ciudadanía, en palabras de Jonathan Menkos, Director ejecutivo del Icefi, que cerró el evento exhortando al Congreso a modificar el proyecto de presupuesto y que cumpla con un poder público que responda a las exigencias de la sociedad. 

“Es vital que la ciudadanía esté más pendiente del presupuesto público y de la vida en sociedad; por lo contrario, es difícil que haya un cambio”, aseguró. Esa ruta es la política fiscal, mencionó el economista, que se convierte en fundamental para el Estado y fortalece el motivo para hablar del proyecto de presupuesto. 

“Más allá de los discursos, es en la política fiscal donde se determina qué derechos se van a proteger, quiénes se pagan impuestos y qué tipo de desarrollo queremos lograr”, concluyó.