El foro «Discusión del presupuesto 2017: el desafío ciudadano para lograr un diálogo fiscal integral» se realizó el 22 de septiembre con la participación del ministro de finanzas, Julio Héctor Estrada y el presidente de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso, Jairo Flores; además de un grupo de representantes de organizaciones de pueblos indígenas, derechos humanos, movimiento estudiantil, ciberactivistas, centros de investigación y sector privado. En el evento se coincidió en la necesidad de aprobar un presupuesto que sea ampliamente discutido, para que vaya orientado a los intereses de la población.

En el evento, el director ejecutivo del Icefi, Jonathan Menkos Zeissig, advirtió que se está agravando la desconfianza ciudadana hacia la Administración Pública por los escándalos de corrupción, que han alcanzado a la familia del actual Presidente de la República. No obstante, abogó por la aprobación del proyecto de presupuesto para 2017, aunque indicó que es imperativo introducir correcciones en el dictamen que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda debe emitir, previo a su traslado al Pleno del Congreso de la República. El Icefi sustentó esta postura argumentando que el presupuesto público, por precario que sea, beneficia a los ciudadanos, en particular a quienes viven en situación de pobreza extrema.

Durante su intervención, el ministro de Finanzas afirmó que el aumento del monto del presupuesto es nominal, pero que no implica un aumento del gasto público por los efectos de la inflación y crecimiento de la población; por lo cual reconoce que hace falta mucho esfuerzo para alcanzar un presupuesto acorde a la necesidad de servicios públicos que tiene el país. Además, manifestó estar confiado en poder alcanzar un aumento a la carga tributaria para el próximo año, de 10.2% en 2016 a 10.4% para el 2017.

Por su parte Jairo Flores, diputado por la UNE y presidente de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República, saludó el trabajo del ministerio de Finanzas aunque señaló que es necesario dar más énfasis en el presupuesto a temas como salud, seguridad y justicia. También hizo énfasis en la preocupación por la poca cobertura para la niñez guatemalteca. Además, invitó a la población a que participe en la discusión del presupuesto que será promovida desde la comisión que preside.

Luego de este primer panel, se realizó un debate ciudadano con representantes de diversas entidades de sociedad civil. Allí participó Mynor Alonzo, del colectivo estudiantil #UsacEsPueblo; Jorge Santos, de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua); Claudia García, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes); José González Campo, de la Coordinación de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif); Javier Montenegro, del Colectivo #JusticiaYa y Delfina Mux, del Mecanismo de Apoyo a los Pueblos Indígenas.

En este debate se intercambiaron puntos de vista en torno al papel de la sociedad civil en el presupuesto, los temas que se consideran más urgentes, y las visiones sobre cómo recaudar más para incrementar el gasto social. Aquí saltaron a la vista distintos enfoques de la sociedad civil: la falta de visibilización de los pueblos indígenas y las mujeres en el presupuesto, la necesidad de buscar cómo aumentar la riqueza para contribuir más, la demanda por implementar mecanismos de transparencia en la Universidad de San Carlos, la oposición a que se aumente el presupuesto del Ejército. Además, se rebatieron las estimaciones de crecimiento tributario presentadas por el Ministerio de Finanzas.

Al finalizar, los panelistas saludaron la iniciativa de abrir la discusión sobre el presupuesto y la política fiscal, y coincidieron en la necesidad de participación de sectores más allá de los ahí representados para la aprobación del Presupuesto 2017, y en la responsabilidad que todos los grupos deben asumir a favor de la fiscalización y de las aportaciones tributarias para un presupuesto que satisfaga las necesidades del país.

La actividad contó con el apoyo de la Embajada de Suecia en Guatemala, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Mecanismo de Apoyo a los Pueblos Indígenas Oxlajuj Tz’ikin.