El foro público «Situación de los países centroamericanos y el procedimiento de asilo» se realizó los días 12 y 13 de enero en Washington D.C. organizado por el Centro para Estudios Latino y Latinoamericanos de la American University. El Icefi participó con dos ponencias en las que se analizaron las condiciones prevalecientes en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Durante dos días, académicos de diferentes nacionalidades y juristas estadounidenses especialistas en temas de migración y asilo presentaron sus análisis sobre la región centroamericana con distintos enfoques relativos a la migración y sobre las políticas de los Estados Unidos de América en este tema. La participación del Icefi estuvo a cargo de Ricardo Barrientos, economista sénior y coordinador del área de Acción Política.

Experts assert that Information gaps, institutional flaws hinder equitable decision-making on asylum claims: https://t.co/9xC6FkMqiM pic.twitter.com/TSJ3M06NA5

— AU CLALS (@AU_CLALS) 19 de enero de 2017

En el primer día del evento, Barrientos fue parte de un foro, abierto a todo público, denominado «Situación prevaleciente en El Salvador, Guatemala, y Honduras: el aporte de la investigación».  En su intervención, Barrientos presentó algunos datos relevantes sobre la situación en el Triángulo Norte; de éstos puede mencionarse que en la región existen 6.2 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes menores de 20 años fuera del sistema educativo; además de referirse a la difícil situación de la población centroamericana migrante.

En el segundo día se realizó un panel cerrado para los participantes al seminario, que se denominó «Anticipando cambios: los desafíos en el horizonte», en esta actividad el Icefi hizo una aproximación a los posibles escenarios ante las opciones de política migratoria del nuevo gobierno estadounidense, y los principales canales de transmisión hacia los países del Triángulo Norte centroamericano. Se puso especial énfasis en el impacto en cómo la nueva política migratoria puede impactar en las políticas fiscales y económicas de la región, y con ello, la capacidad de esos países para abordar las causas estructurales de la migración.