El componente socioeconómico de los Acuerdos de Paz, aprobado en los años noventa del siglo pasado, pretendió sentar las bases para asegurar suficientes recursos para que el Estado, de una manera sistemática, contribuyera a crear las condiciones que permitieran que todos los guatemaltecos pudieran dejar atrás la pobreza y la exclusión social, lo que les permitiría beneficiarse de los frutos del desarrollo. En forma colateral, aunque no se menciona en forma explícita, dicho instrumento también buscaba convertirse en el hilo conductor que facilitara el alcance de la estabilidad macroeconómica real al promover la suficiencia fiscal, de tal forma que el equilibrio de largo plazo en los ingresos y gastos del Estado redujera la incertidumbre en la definición de las políticas del gobierno, por medio del establecimiento de reglas claras y estables de participación pública.

Como tal, aunque con pocos fundamentos técnicos para su estimación, los Acuerdos de Paz promovieron que,  bajo el principio de suficiencia de recursos, la carga tributaria de Guatemala debería situarse en torno al 12.0% ‒con la revisión del sistema de cuentas nacionales (SCN) realizada en 2013 por el Banco de Guatemala (Banguat), el valor equivalente es 12.4% (Icefi, 2021)‒, a fin de que las nuevas disponibilidades de recursos públicos facilitaran el incremento del gasto para promover el bienestar de los guatemaltecos.     El planteamiento de los Acuerdos de Paz consideraba que, para alcanzar dicho nivel de carga tributaria, debería realizarse una sola reforma tributaria en el transcurso del período 2000-2004, situación que no se cumplió durante ese período y hasta la fecha, continúa sin ser cumplida por los diferentes gobiernos de turno. 

La falta de seriedad en el cumplimiento de los compromisos tributarios planteados en los Acuerdos de Paz se continuó manifestando a pesar del establecimiento de diferentes comisiones y grupos de trabajo que trataron de impulsar la implementación de un verdadero Pacto Fiscal en el país. En el proceso, lo más rescatable, aunque no logró transformarse en una verdadera herramienta política de desarrollo, fue la suscripción del documento denominado Pacto fiscal para un futuro con paz y desarrollo, que involucraba una serie de aristas para el funcionamiento efectivo del aparato fiscal y dentro de lo que destaca el hecho de que la Superintendencia de la Administración Tributaria (SAT) debería mantener y reforzar la evaluación permanente de sus procedimientos de cobro, fiscalización y control, de manera que los contribuyentes cumplieran con sus obligaciones tributarias en forma efectiva.