Luego del proceso electoral del 2017, manchado por evidencias de fraude y una reelección presidencial ilegal, Honduras inició el 2022 con una perspectiva optimista, pues las elecciones del 2021 lograron imponer un cambio en el Congreso de la República y en la administración pública, con la llegada al poder de Xiomara Castro, candidata del partido Libertad y Refundación (Libre). Durante el período electoral y en sus primeros mensajes, la presidenta Castro se ha comprometido a ejecutar un conjunto de medidas económicas dirigidas a fortalecer el bienestar social, especialmente de la población más pobre del país, aunque ha reconocido las limitaciones que implica la situación fiscal y, en particular, el elevado nivel de deuda pública. Lamentablemente, desde los albores de su Gobierno, tuvo que enfrentar una crisis en el Organismo Legislativo, en donde dos diferentes grupos se adjudicaron la presidencia de dicho órgano del Estado; aun cuando la situación fue teóricamente resuelta a la fecha, deja entrever que el camino de Castro en el poder no será fácil y estará plagado de complicaciones y limitaciones para tratar, por lo menos, de colocar a Honduras en la senda del desarrollo económico.

 

En las siguientes páginas, se presenta la situación actual de las finanzas públicas del Gobierno Central de Honduras y del contexto socioeconómico sobre el que se desarrolla, así como algunos comentarios adicionales sobre el funcionamiento de otros entes estatales, los que se consideran de importancia fundamental en el entorno económico actual, y sobre todo que pueden contribuir para que las autoridades dispongan de un mejor escenario para la toma de decisiones.

 

Finalmente, en este documento se ponen sobre la mesa, para el debate público, diez recomendaciones. Entre estas destaca que, a pesar de la situación fiscal recibida por el Gobierno de la presidenta Castro, existe la posibilidad de encontrar espacios fiscales para cumplir con su plan de gobierno. Estos espacios pueden proceder del incremento en la recaudación tributaria producto de una mayor eficiencia recaudatoria, de la optimización en el uso del gasto público y de la mejor administración de la deuda pública.

 

En sintonía con lo anterior, se advierte que es indispensable que las nuevas autoridades gubernamentales, en conjunto con la sociedad hondureña, generen las condiciones políticas para la construcción y puesta en marcha de un Acuerdo Nacional para la Suficiencia y Sostenibilidad Fiscal, en el que se garantice la disponibilidad y buen uso de los recursos públicos para atender de forma apropiada la construcción de la democracia, la promoción del crecimiento económico sostenible y del empleo, la equidad social, la efectividad del Estado y la garantía de los derechos para toda la población hondureña.