Nicaragua enfrentó desde 2018 los efectos de una profunda crisis económica causada por problemas de gobernabilidad interna, que fueron agudizados por las tormentas tropicales ETA e IOTA y la pandemia de Covid-19; estos factores, en su conjunto, causaron un deterioro significativo de la producción, la generación de empleo y el bienestar de la población. Para tratar de revertir los efectos negativos y recuperar el crecimiento económico, el Gobierno de la República endureció los controles sobre la sociedad civil y los grupos contrarios a su régimen, profundizando el clima de confrontación interna, además que aprobó una nueva reforma tributaria y evitó la implementación de estrategias que pusieran en riesgo la recupación económica, aun cuando con las mismas se protegiera a su población de la proliferación de Covid-19.

De esa forma, y aprovechando el rebote económico mundial y dentro de ello, de un creciente nivel de remeses internacionales, Nicaragua nuevamente presentó crecimiento económico en 2021; sin embargo, la proliferación del descontento de la población, especialmente ante la ascensión al poder del Presidente Daniel Ortega por quinta oportunidad, el señalamiento de ser uno de los países más opacos a nivel mundial, y un continuo enfrentamiento con la sociedad civil y la comunidad internacional, ensombrecen las perspectivas futuras de un país que, fiscalmente, trata de implementar las medidas necesarias para evitar el crecimiento de la deuda pública hasta niveles insostenibles.