En el municipio La Lima de Cortés, ubicado a unos 30 minutos de la capital industrial de Honduras, San Pedro Sula; aún se observan algunas plantaciones de plátano y banano de una empresa subsidiaria de Chiquita Banana. La que en otro tiempo fue la poderosa United Fruit Company, motor principal de una economía de plantación que configuró parte de las sociedades centroamericanas. Hoy día, La Lima se puede identificar como una zona peri-urbana caracterizada por sus ríos, su gente alegre y en constante movimiento.

Lamentablemente, también La Lima es un municipio afectado por la marginalidad y la violencia que deriva de la pobreza y la falta de oportunidades para la juventud. Al estar en los márgenes de la urbe de San Pedro Sula, declarada por tres años consecutivos como la ciudad más peligrosa del mundo –de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia Penal de México-, no es raro escuchar historias de jóvenes asesinados por disputas territoriales relacionadas con actividades de narco-menudeo.

Lucía Granados es la directora del Instituto Oficial Patria, de La Lima. Ella comenta que es el cuarto o quinto Instituto más grande del departamento de Cortés, con un total de 2,035 estudiantes. Y para esta educadora, formada también en un Instituto público –en San Pedro Sula- evitar la deserción estudiantil, y recuperar espacios públicos para la recreación son dos de los grandes aportes con los que ha luchado por tener a la juventud de La Lima alejada de la violencia.

En el departamento de Cortés se concentra la mayor población estudiantil del país. Al 2017, se contabilizaban en 325,509 estudiantes de educación básica; mientras que la población excluida del sistema educativo a nivel básico era de 125,982. Solo en el municipio La Lima existen 3,448 adolescentes fuera de la educación a nivel básico, según datos de la Secretaría de Educación y el Instituto Nacional de Estadísticas.

El Instituto Oficial Patria, La Lima, trabaja con las condiciones presupuestarias mínimas. Lucía Granados explica que desde 2011, se les dejó de beneficiar con la política de gratuidad de la educación, y se suspendieron los fondos de matrícula gratis, a través del cual se les asignaba un presupuesto de acuerdo con el número de estudiantes inscritos y se financiaba el funcionamiento de los centros educativos. Actualmente, el presupuesto que se recibe es solamente para el pago de personal docente; mientras que las gestiones para temas de infraestructura se logran con gestiones muy complicadas. Es por eso que la Asociación de Padres y Madres de Familia (APF) ha tenido que asumir la responsabilidad, a través de aportaciones económicas, para poder brindar servicios que son indispensables para el funcionamiento del centro educativo.  

Cuando se le cuestiona si el cobro a padres de familia puede causar deserción escolar, ella responde que las cuotas son consensuadas y jamás se les niega la posibilidad de estudiar cuando no tienen el dinero para pagar –más bien los padres se comprometen a ir poniéndose al día-. Por el contrario, los servicios que pueden brindar gracias a estos recursos les ayudan a que el estudiantado siga motivado a permanecer en el Instituto. Las aportaciones, dice Granados «se les devuelven, en útiles y en una merienda nutricional (…) Muchos llegaban solo con un tiempo de comida y sin dinero para la comida».

El Instituto brinda una merienda estudiantil que consiste en horchata de soya, y eventualmente otros alimentos sólidos, que son preparados por la APF. Asimismo, el Instituto ha promovido la realización de huertos escolares, como un proceso educativo encaminado a la promoción de una alimentación saludable y la soberanía alimentaria. En tanto, otra manera de devolver al estudiantado las cuotas de los padres de familia, es con el Programa de Bienestar Estudiantil, dirigido a las personas que tienen menos recursos. Con éste se les brinda –según sus necesidades- uniforme, calzado, útiles, bono de transporte e incluso anteojos.

Sumado a todos estos esfuerzos, el principal desafío que tiene que enfrentar la directora del Instituto, el equipo de docentes y los padres de familia, es el tema de la inseguridad. «El tema de seguridad es lo más preocupante. Principalmente las peleas de territorios por la venta de sustancias tóxicas», cuenta Lucía Granados, quien afirma además que este ambiente de violencia en el municipio, no solo afecta directamente al Instituto y a la población estudiantil, sino que a veces también hay alumnos que se ven involucrados. Y en este contexto, para el personal encargado de aplicar las normativas -como por ejemplo revisar las entradas y salidas de estudiantes- se convierte en una tarea peligrosa. «Uno se arriesga a diario», afirma la educadora.

Producto de esta difícil situación, con las contribuciones de los padres de familia, se ha optado por contratar un servicio privado de seguridad; supervisado por la APF y una comisión de seguridad del Instituto, para garantizar la seguridad en el centro educativo. Esta tercerización de un servicio, que podría ser público, considera Lucía Granados, es la mejor opción. Esto porque señala que en materia de seguridad pública, cuando proviene del Organismo Ejecutivo, «la orientación es a la militarización. Y ha sido una pésima experiencia». En cambio, las empresas privadas están bajo coordinación de cada Instituto que tiene que recurrir a este tipo de servicios.

Adicionalmente, el Instituto Patria cuenta con un departamento de Orientación; el cual se integra con pedagogas, psicóloga, personal de enfermería y orientadoras educativas. Este equipo acompaña al estudiante que tiene problemas de aprendizaje, pero también a quienes se encuentran inmersos en situaciones delicadas derivadas de la violencia. Lucía Granados cuenta que una de las principales razones para la deserción escolar, además de la pobreza, es la migración de familias de estudiantes, que han recibido amenazas de jóvenes en riesgo social, y por tal motivo abandonan sus viviendas.

Como parte del plan de retención, el Instituto ejecuta un programa de convivencia estudiantil, en el que se promueve el deporte; por medio de la gimnasia y una selección de fútbol femenino y masculino. Asimismo,  se promueve la cultura por medio de danzas folklóricas, bailes garífunas y grupos de zancos.

Los estudiantes del último año de diversificado necesitan cumplir con un requisito para su graduación –establecido por la Secretaría de Educación-, que consiste en realizar un trabajo educativo social. Para esto, las autoridades del Instituto Patria deben analizar en qué lugares es posible hacer este trabajo, pues señala su directora que «Hay lugares a los que pueden ir, y a otros que no». Sin embargo, Lucía Granados ha encontrado en este requisito estatal, una oportunidad de contribuir a reducir la violencia a través de la recuperación de los espacios públicos.

El trabajo educativo social consistía tradicionalmente en que los estudiantes se integraran a programas de alfabetización y alfabetización digital (cursos de computación). Sin embargo, la oportunidad de diversificar este programa llegó entre el 2014 y 2015; cuando en el municipio de La Lima se inició un proyecto de rescate de los espacios públicos, que consistía en reconstruir parques que se encuentran en las colonias. Para esto, el Instituto Patria promovió un trabajo voluntario de estudiantes para ayudar a rescatar los espacios recreativos que estaban en total abandono. Y así surgió la idea de incorporar estas actividades, como parte del trabajo educativo social.

Esta iniciativa tuvo inicialmente oposición de la departamental de Educación en Cortés. Sin embargo, se realizaron movilizaciones estudiantiles, y se solicitó a las autoridades ser más flexibles. Y éstas aceptaron. Por lo que quedó oficialmente reconocido el tema de mejoramiento de parques, como parte del trabajo educativo social. El estudiante ahora puede contribuir en la organización de eventos culturales y recreativos para la población;  y así van acumulando las horas de trabajo que exige la departamental de Educación, como requisito de graduación.

Lucía Granados cuenta que su padre Rodolfo Granados, fue director de un centro educativo público en Cortés. Y comenta con orgullo que ahora una de sus hijas se encuentra estudiando para ser orientadora educativa. «A veces me siento fatigada (…) pero no me he arrepentido», concluye. Es por eso que la Campaña «Servidores con valor», la reconoce por su incansable labor como educadora, y por su lucha contra la deserción estudiantil y para mantener alejada a la juventud de la violencia.