Seleccionar al profesional idóneo para Superintendente de Administración Tributaria es una tarea compleja, pues debe ser un profesional de reconocida honorabilidad y disponer de los conocimientos apropiados para administrar a la institución más importante del Estado, de la cual  dependen los ingresos para financiar todos los demás programas públicos. El Superintendente debe ser un especialista en administración tributaria y si no es posible, debe por lo menos ser un hábil administrador con capacidad de gestionar el funcionamiento de equipos que trabajen con base a objetivos y resultados concretos.  Debe recordarse  que la SAT es el único ente público con evaluación concreta y con base al cumplimiento de indicadores, que aun cuando puedan ser discutibles, son objetivos. 

A la fecha, las etapas que ha cumplido el Directorio de la SAT para seleccionar al profesional idóneo, son las menos complejas, aunque necesarias.   Por un lado, el proceso para verificar el cumplimiento de los requisitos contenidos en Ley; la posterior apertura de la convocatoria al escrutinio público; la verificación de pruebas de veracidad,  y la entrevista para conocer algunas de las competencias, permitió que se definiera que ocho candidatos  cumplen con las exigencias del Directorio y presentan la probidad necesaria en sus acciones.   No obstante, y a falta de conocer los resultados de las evaluaciones psicométricas que se practican con la colaboración de la Universidad del Valle, la selección aún está lejos de terminar, porque hoy los ocho candidatos técnicamente están en la misma posición, todos a la espera de la discusión final sobre los mecanismos que serán utilizados para diferenciarlos y determinar quién de ellos es el más competente y podrá realizar un trabajo efectivo. 

La última etapa programada por el Directorio consiste en que todos los aspirantes presentarán su propuesta de plan de trabajo para que la SAT se convierta en el ente efectivo y eficiente que establece la legislación del país.   Debido a la importancia de la etapa y con el propósito de reducir la subjetividad en la evaluación, la presentación de dicho Plan debiera realizarse en forma pública en tiempo real, permitiendo que cada postulante utilice un tiempo máximo estipulado previamente, en la cual, con datos concretos, muestre su propuesta de acciones para mejorar el desempeño de la SAT. También el Directorio debiera dar a conocer cuáles son los aspectos mínimos que tomarán en consideración para diferenciar a los postulantes.

1. Reducción de la evasión fiscal: conforme a la SAT, la evasión del IVA alcanzó 37% del potencial teórico en 2016, lo que significó que no se pagaran Q13,803.7 millones.  A este monto hay que sumar la evasión del ISR, que tanto la SAT como el Minfin han incumplido con calcular.  Este fenómeno está provocando que Guatemala presente la menor carga tributaria desde que fue creada la SAT en 1998, 10.2%, con fuertes perspectivas para reducirse en 2018 hasta 9.8%.   La solución a este problema implicará el  cumplimiento del convenio de metas de recaudación, que debe incluir el compromiso real de hacer más productivo el sistema tributario del país.  También se debe incluir el tratamiento al sector informal y al  contrabando que producen un deterioro en los ingresos públicos, que aunque son problemas de Estado, afectan los resultados de la SAT.
2. La mejora en la percepción de riesgo: Ninguna administración tributaria en el mundo audita a todos los contribuyentes, pero debe crear la percepción de riesgo por medio de sus mecanismos de control y fiscalización, para promover el cumplimiento tributario voluntario.    Aunque la SAT no publica estos resultados –problemas de opacidad-, la trayectoria de la carga tributaria es una muestra de falta de acciones efectivas para mejorar este aspecto, que debe incluir la segmentación de contribuyentes que maneja la SAT. En 2015, de acuerdo a una estimación, si una persona no estaba inscrita en la SAT, era más fácil que le cayera un rayo a que la SAT llegara a visitarlo.
3. La mejora en la atención al contribuyente: Conforme datos del CIAT, Captac-DR y BID (2013) la SAT dedicaba  únicamente el 1.7% de su recurso humano a la orientación y asistencia al contribuyente, situación que aparenta no haber mejorado en el pasado reciente, debido al cierre de varias agencias tributarias, aun cuando si han existido avances en la atención por medios virtuales.       La información pública de la SAT no incluyen  indicadores reales de la atención al contribuyente, sin embargo, se conoce que gran parte del problema del servicio es causado por la  atención al Registro Fiscal de Vehículos, que debiera corresponder al Registro de la Propiedad.  Es apropiado que los candidatos planteen sus planes para mejorar la satisfacción del contribuyente, evitando colas y la mala atención, que terminan generando focos de corrupción.
4. El fortalecimiento del despacho aduanero: El propósito fundamental de una aduana en el mundo moderno es agilizar el despacho aduanero para fortalecer la competitividad empresarial.  Los datos de la SAT para 2016 –no hay datos públicos actuales- muestran que en promedio el despacho tarda 4.4 días en las aduanas marítimas; 3.3 días en las aéreas y 2.1 días en las terrestres.  Lamentablemente la persistencia de corporativismo en revisión aduanera y los continuos cambios de dirección en los procesos aduaneros, producen la persistencia de la demora en el despacho y por supuesto la discrecionalidad de los agentes en el proceso, con el enorme riesgo de corrupción.  
5. La recuperación del servicio civil en la SAT: Debido a decisiones discutibles en las últimas gestiones de la SAT, el plan de carrera del personal prácticamente ha desaparecido; la remoción y sustitución de personal sin seguir los procedimientos, así como la creación de dependencias de cuestionable necesidad, han producido una baja en la moral de los trabajadores, así como brechas salariales que dificultan el funcionamiento de equipos de trabajo.   Este aspecto también está relacionado con el permanente exceso de personal en las áreas administrativas y/o de apoyo, y la insuficiencia del personal en las áreas  sustantivas dedicadas a recaudar.
6. La innovación en los procesos de la SAT: Este tema implica, pero no en forma exclusiva, el fortalecimiento del uso de tecnologías de información para el uso de todos los procesos,  por medio de la creación de un sistema de información confiable, robusto, redundante y suficiente.   Una prueba de este fenómeno es la imposibilidad de producir en Guatemala las declaraciones proforma que muchas administraciones en el mundo ponen a disposición del contribuyente y que son una prueba de control.    Igual calificación merece la falta de un sistema real de facturación electrónica y de control de despacho aduanero en línea; además de muchos procesos de atención al contribuyente que hoy debieran ser de autoservicio.
7. La agilización en las devoluciones de crédito fiscal a los exportadores:   Conforme datos de la SAT al cierre de 2017, se encontraban pendientes de devolver a los exportadores Q3,880.1 millones, mientras que el monto anual provisionado para la devolución es  Q2,341.5 millones, lo cual implica que manteniendo constantes las proporciones y si no existieran nuevas solicitudes,  habría que esperar 1 año 8 meses para agotar la presa pendiente, por encima de lo establecido en Ley.

Es evidente que la Ley Orgánica de la SAT hace una descripción de las características profesionales deseables para el Superintendente, sin embargo, no describe todas las competencias necesarias, por lo que sería recomendable que el Directorio de la SAT realice una verdadera evaluación pública de los planes de trabajo de los candidatos, a fin que el pueblo de Guatemala conozca con mayor detenimiento las capacidades y planes,  logrando de esa forma una selección más objetiva del profesional que conducirá el trabajo de este ente de vital importancia para el país.