El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) llevó a cabo una conferencia de prensa para presentar sus estimaciones sobre cómo cerrarán las finanzas públicas salvadoreñas al finalizar 2018, destacando un panorama de fragilidad e insuficiencia fiscal. En este contexto, el Icefi mostró su preocupación sobre la posibilidad de que la Asamblea Legislativa apruebe el anteproyecto de Ley de la Zona Económica Especial, presentado por el gobierno en julio pasado, pues los estudios que lo respaldan carecen de sustento técnico y no existe certeza sobre sus costos y beneficios. El Instituto recomendó que no se apruebe dicha iniciativa.

El Icefi presentó sus estimaciones sobre como cerrarán, en 2018, las finanzas públicas del Estado salvadoreño, de continuar con la trayectoria mostrada hasta el mes de agosto. Se estima que el presente año cerrará con una carga tributaria bruta de 18.6%, superior a la de 2017 (18.1%), como resultado de un mejor comportamiento del crecimiento económico y de la amnistía fiscal vigente hasta finales de octubre. No obstante, el Instituto advirtió que este aumento de la recaudación no será sostenible el próximo año. Adicionalmente, el gasto del Sector Público no Financiero (SPNF) también tendrá un incremento, alcanzando un 25.6% del PIB. Sin embargo, al ser mayor el crecimiento del gasto público que el de los ingresos, el déficit fiscal, incluyendo pensiones, llegará a 3.5% del PIB, superior al 2.5% observado en 2017. Por su parte, se estima que el saldo de la deuda pública llegará a representar el 70.6% del PIB. Estos datos ponen en evidencia que la situación fiscal continúa siendo frágil y muy lejana a niveles de suficiencia, por lo que el nuevo Gobierno encontrará una política fiscal limitada para cumplir con el plan de gobierno y sus compromisos de campaña. En el escenario de no lograrse acuerdos políticos, El Salvador estaría a las vísperas de una crisis fiscal de gran envergadura, caracterizada por la no aprobación del presupuesto público y la carencia de fuentes de financiamiento para el pago de la deuda y la gestión gubernamental cotidiana.

NOTA DE COYUNTURA: LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES ¿UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO PARA EL SALVADOR?

En este contexto, el Icefi cuestionó que desde el Ejecutivo se estén impulsando medidas que lejos de mejorar esta situación pueden incluso profundizarla, y sobre todo que van encaminadas a limitar el rol del Estado como garante del bien común. Específicamente, el Instituto se pronunció sobre el anteproyecto de Ley de la Zona Económica Especial de la Región Sur Oriental de El Salvador (LZEE), que por medio de una estrategia agresiva de otorgamiento de incentivos fiscales busca la atracción de la inversión, la generación de empleo y el desarrollo de la región suroriental del país. El Icefi, en la exposición de su evaluación a este anteproyecto, señaló que es un error que la política de atracción de inversión y generación de empleo descanse sobre el otorgamiento de incentivos fiscales, pues además de ser una estrategia anticuada, la evidencia empírica demuestra que es fútil para lograr atraer nuevas inversiones. El propio sector empresarial salvadoreño ha señalado, en el Informe Global de Competitividad del Foro Económico Mundial y en la encuesta empresarial del Banco Mundial, que el pago de impuestos no es el factor más importante para decidir invertir en el país.

El Icefi destacó que las actividades que se quieren impulsar dentro de la LZEE ya gozan de incentivos fiscales, determinados en el marco legal vigente, y evidenció que 18 de los 26 municipios seleccionados para su implementación no cumplirían con el criterio establecido en el artículo 4 de la LZEE, pues se encuentran por debajo de la tasa promedio nacional de pobreza extrema. Asimismo, el Icefi recalcó que es un error establecer incentivos [i]ad eternum[/i], ya que además de poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo, se pone en riesgo las posibilidades de desarrollo del país: el Estado renuncia por siempre a que un sector retribuya los beneficios que ha logrado alcanzar, fruto de las condiciones del país, por lo que nunca aportará a la construcción de los bienes públicos, que además de bienestar, generan las condiciones para el crecimiento económico sostenido y la gobernabilidad democrática; violando el principio de capacidad de pago y de justicia tributaria, que establece la Constitución de la República de El Salvador en el numeral 6 del artículo 131. El Instituto lamentó que no se establezcan mecanismos de evaluación de la LZEE, que no se consideren mecanismos para publicar los beneficiarios de las ZEE y que tampoco se establezca la cuantificación periódica de la renuncia fiscal que se deriva del otorgamiento de los beneficios fiscales.

PERFILES MACROFISCALES DE CENTROAMÉRICA

Asimismo, mostró su preocupación por las severas deficiencias de los estudios —apoyados por el Órgano Ejecutivo— que respaldan la LZEE, los cuales generan más dudas que respuestas sobre esta propuesta. A criterio del Icefi, la LZEE lejos de corregir el modelo económico actual, lo profundizaría; provocando que el financiamiento del Estado sea insuficiente e inequitativo, recayendo principalmente en los trabajadores y no en quienes cuentan con capital, lo que hará imposible que el Estado obtenga los recursos necesarios para invertir en educación, salud, erradicación de la pobreza, seguridad, probidad, infraestructura económica y social, factores estructurales para la edificación de una sociedad competitiva, desarrollada y democrática. Con base en el análisis realizado, el Instituto recomendó la no aprobación de la LZEE y realizar estudios técnicos sustentados que permitan tener un debate amplio, donde los diversos sectores tengan certeza sobre los costos y beneficios que tendría la implementación de esta medida.

Finalmente, el Icefi reiteró a los diversos sectores sociales, a los partidos políticos, al gobierno y a los diputados de la Asamblea Legislativa, que es urgente discutir y lograr un acuerdo fiscal integral, en el que se incluya cómo mejorar la capacidad de El Salvador para insertarse en la economía mundial, de fomentar la inversión privada y aumentar el empleo; por lo que recomendó establecer una política integral de atracción de inversiones y de generación de empleos de calidad, la cual se sustente en los siguientes aspectos: fortalecimiento de la competencia y competitividad del mercado y de la cultura económica, formación de capital humano, eliminación de la pobreza por medio de políticas de protección social y de impulso a la demanda interna, la creación de infraestructura física y social, la lucha contra la corrupción, acceso al crédito productivo, impulso a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), la seguridad en todas sus dimensiones, y el fortalecimiento del mercado de capitales.

San Salvador, Centroamérica 8 de octubre de 2018.