Las últimas semanas las discusiones en la Asamblea Legislativa en El Salvador se enfrascaron en torno a la aprobación de USD152 millones en bonos para seguridad. No porque haya duda sobre si la inseguridad sigue siendo el principal problema para los salvadoreños o porque los partidos de oposición estuvieran en desacuerdo por las políticas implementadas por el Gobierno. El punto central de la discusión era conseguir candados para que los recursos aprobados no se utilizaran en otro rubro y asegurarse que los fondos fueran manejados con transparencia.

Más allá de quién administra las pensiones, que, por supuesto es relevante pero no el único factor a tomar en cuenta, hay temas que suelen omitirse en este tipo de discusiones.

En el papel, la gran diferencia entre el sector privado y el sector público es que el primero busca su bienestar individual a través de la maximización de la ganancia y

El Triángulo Norte es más que la suma de tres países, es una región donde, a pesar de las fronteras, las sociedades comparten muchas características: han pasado por horrendos conflictos armados, los niveles de pobreza y desigualdad son superiores a los promedios de Latinoamérica; la violencia, la corrupción y la impunidad son cosas del diario vivir.