Ricardo Castaneda
Ricardo Castaneda Ancheta dejó de trabajar para el Icefi en octubre de 2023.
La estrepitosa caída de los precios de los bonos, el aumento del perfil de riesgo del país, la reducción de los ahorros en los bancos, la dificultad de obtención de financiamiento de corto
En un sistema democrático saludable, la separación de poderes es fundamental.
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El Ejecutivo anunció una “nueva cuarentena especial”, en una cadena nacional, donde lo más claro fue confirmar porque es tan importante la eficiencia y efectividad en la Administración Pública.
Se suponía que mi generación debía conocer las invasiones y dictaduras únicamente a través de libros de historias, videos o relatos de quienes las padecieron.
La clase política salvadoreña ha desgastado las palabras «acuerdo fiscal». No porque se hayan esmerado por conseguirlo, sino porque este término ha sido utilizado para demostrar que la otra parte (Gobierno o partido de oposición) es quien se opone a alcanzarlo. No obstante, ahora que se aborda este tema, valdría la pena recordarles a los políticos para qué sirve la política fiscal.
El impago y la caída en las calificaciones de riesgo, reafirman, por si alguien lo dudaba, que la crisis fiscal que vive el país es de gran envergadura. Pero el mayor condicionante de esta situación es de carácter político partidario. Los partidos políticos en general, pero especialmente los mayoritarios, Arena y el FMLN, viven una crisis profunda de legitimidad, pero también una crisis de falta de proyecto de país. Ante ello, han encontrado en la situación fiscal su mejor argumento para maquillar su incapacidad de dar solución a los problemas de la población de cara a las próximas elecciones.
Conforme se acerca el cierre de 2022 cada vez hay más indicadores, y temores, de que la economía mundial pueda sufrir una recesión en 2023.
Hace ya varias décadas que la sociedad salvadoreña, en el papel, optó por la democracia como el espacio para dirimir nuestras diferencias.
Esta semana se vencía el plazo para que el gobierno de El Salvador erogara los $604 millones que faltaban de pagar del vencimiento de un bono que se emitió en 2002. Y lo hizo.