Imagínese una casa en la cual el techo ya no sirve y cada vez que llueve, el hogar se inunda. Por más que se le pongan parches, con el pasar de los días nuevamente se va a inundar, hasta que se cambie el techo. Podemos utilizar la misma analogía para las finanzas públicas de El Salvador, aunque se le intenten poner parches, los problemas estructurales seguirán ahí. Y arreglarlo va más allá de que el Gobierno lo pueda hacer de forma solitaria.

La clase política salvadoreña ha desgastado las palabras «acuerdo fiscal». No porque se hayan esmerado por conseguirlo, sino porque este término ha sido utilizado para demostrar que la otra parte (Gobierno o partido de oposición) es quien se opone a alcanzarlo. No obstante, ahora que se aborda este tema, valdría la pena recordarles a los políticos para qué sirve la política fiscal.

No puede haber paz mientras haya injusticia. La historia de El Salvador está marcada por injusticias escritas con sangre: genocidios (en 1932 fueron asesinados 32,000 indígenas, algo de lo que muy poco se habla), golpes de Estado, dictaduras militares y por supuesto uno de los más dolorosos conflictos armados a nivel mundial. La guerra civil que finalizó en 1992 cobró más de 75,000 víctimas mortales, sin contar los miles de desaparecidos, y forzó a millares de personas del área rural a migrar hacia zonas urbanas del país, y a muchos otros a huir hacia diversos países, principalmente a los Estados Unidos, Australia y Canadá.