
Siete mitos fiscales para hundir a Guatemala
A partir de que el Ministro de Finanzas Públicas presentó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para 2017, se inició la discusión pública sobre la necesidad de aprobarlo; lamentablemente, la discusión está llena de mitos y mentiras, y en el mejor caso, de imprecisiones, posiblemente por desconocimiento. Algunos de ellos son:
Primero, Guatemala tiene un gobierno muy grande, por lo que el presupuesto no debe crecer: Falso. El Banco Mundial nos coloca en su ranking en el puesto 186 de 186, es decir en último lugar. Lo que sí es cierto es que aun cuando se asignen más recursos, si son mal utilizados no alcanzarán para atender las necesidades de los guatemaltecos; por ello, debe combatirse la corrupción por medio de exigir que se incluyan los destinos del gasto, indicadores a dar seguimiento, mecanismos de transparencia, funcionarios responsables y sanciones por no cumplir. Aun así, debemos estar convencidos que no alcanza para atender todas las necesidades.
Segundo, Guatemala cobra muchos impuestos. Falso. La carga tributaria mundial promedio es 33.4% con una desviación estándar de 13%, por lo que para considerarnos normales, nuestra carga debiera estar como mínimo alrededor del 20% del PIB. Por supuesto que eso no se arregla solo incrementando impuestos, el primer camino debe ser eliminar exenciones y privilegios fiscales, además del combate a la evasión y el contrabando, por medio de una administración tributaria más efectiva.
Tercero, la deuda de Guatemala es inmanejable. Falso. Aun cuando a fines de 2017 la deuda alcanzará Q.140,000 millones, está por debajo de los límites que podrían provocar problemas fiscales y macroeconómicos (según estándares del FMI). Sin embargo, seguir contratando deuda es signo de un problema estructural tributario que debemos enfrentar.
Cuarto, en el presupuesto debe ser más el gasto de inversión que el de funcionamiento. Terriblemente falso. El gobierno debe prestar servicios públicos de alta calidad por lo que se debe privilegiar el gasto de funcionamiento; es mejor diez hospitales que funcionen bien que once que no lo hagan. Por supuesto que no debe descuidarse la inversión en el largo plazo, pero debe eliminarse la satanización del gasto de funcionamiento; aun así deben recortarse los gastos innecesarios, superfluos y sobre todo los rubros que son abuso o fuentes de corrupción.
Quinto, el problema del gasto son los pactos colectivos: los pactos colectivos son reivindicaciones laborales que debido a la “flojera” de funcionarios del pasado incluyen excesos que deben ser corregidos. Urge la renegociación para eliminar dichos abusos. Sin embargo, debe recordarse que en el pacto están los salarios de los servidores públicos, que son más bien modestos.
Sexto, hay poca ejecución y por eso hay que recortar todo el presupuesto: más que falso, incorrecto y falto de técnica. No tiene sentido asignar recursos a programas que no causan bienestar, así como en aquellos en los que la ejecución es muy baja; sin embargo, no es correcto, pasar el machete y cortar todo… lo correcto es evaluar en donde no es necesario para asignarlo en donde es necesario.
Siete, es mejor no aprobar el presupuesto para que el gobierno funcione mejor. Falso y doloso. Una empresa común, una familia, una ONG u otro ente, necesitan de un presupuesto apropiado para tener buenos resultados en el siguiente ejercicio. No se trata de defender o atacar un presupuesto a rajatabla, se trata de ajustarlo a las necesidades de la población y a los recursos disponibles, eliminando los rubros innecesarios y colocándolos en donde se estime apropiado.
Es cierto que no debemos dar un cheque en blanco al gobierno, pero el proyecto de presupuesto tiene cosas buenas, malas y feas, por lo que debemos potenciar las buenas y eliminar las otras; por ello, debemos estar atentos y participar en las discusiones para corregir lo necesario, y en la ejecución, exigir transparencia y cumplimiento de resultados.





