Lourdes Molina
Economista sénior
correo electrónico: lourdes.molina@icefi.org
Somos un país distópico en materia de derechos humanos. Las vulneraciones y violaciones a los derechos de todas las personas están a la orden del día y todas las personas podemos ser víctimas.
El pasado 1 de mayo se celebró el Día internacional de las personas trabajadoras, en conmemoración del inicio de la huelga de sindicalistas estadounidenses que en 1886 exigía una jornada laboral de 8 horas. Una esperaría que después de 131 años, nuestras sociedades fueran plenamente conscientes del rol protagónico de la clase trabajadora dentro de la vida en sociedad; sin embargo y a pesar de las reivindicaciones logradas, aún persisten luchas por ganar, una de ellas es el derecho a un trabajo digno, que también implica una pensión digna.
En la historia reciente de nuestro país, varios de los actos de corrupción más simbólicos han ocurrido en contexto de emergencia nacional.
La Asamblea Legislativa de El Salvador tiene la oportunidad de abonar al proceso de reconciliación nacional, que sirva como base para la paz y la democracia de nuestro país, pero esto no se logrará sin justicia transicional.
El informe en cuestión también destaca la urgente necesidad de que el Estado garantice los derechos a un trabajo en condiciones dignas, justas y favorables; sindicales.
77 países se han comprometido a eliminar gradualmente el uso y producción de carbón y 25 dejarán de financiar la explotación de combustibles fósiles en el extranjero.
A finales del mes de mayo el International Budget Partnership publicó la 9ª edición de la Encuesta de Presupuesto Abierto (EPA), que es una evaluación