En El Salvador, si bien es cierto que existen muchos empresarios que cumplen a cabalidad con todas estas premisas, hay un grupo que no. Específicamente son quienes basan su rentabilidad en el pago de salarios de hambre; la sobreexplotación de los recursos naturales o en la realización de actos de corrupción, que se manifiestan en múltiples formas.

La política salvadoreña se ha convertido en un burdo teatro donde hay personajes que representan una (mala) obra de ficción.

En los últimos días hemos leído o escuchado que El Salvador puede caer en default, una palabra que no aparece en el diccionario de la RAE, pero cuyas consecuencias pueden ser devastadoras para un país entero. En términos prácticos el default se da cuando el Gobierno no tiene el dinero suficiente para pagar a quienes les debe; y de acuerdo al Ministro de Hacienda eso sucederá el 7 de octubre, cuando no tenga los recursos para pagar los Certificados de Inversión Previsional (CIP).

La estrepitosa caída de los precios de los bonos, el aumento del perfil de riesgo del país, la reducción de los ahorros en los bancos, la dificultad de obtención de financiamiento de corto