Ricardo Castaneda
Ricardo Castaneda Ancheta dejó de trabajar para el Icefi en octubre de 2023.
Una de las preguntas que más se repite en el ámbito económico y financiero de El Salvador es ¿el gobierno caerá en default (impago)?
Las enormes limitaciones actuales para el desarrollo rural tienen su origen en las ideas que predominaron en el siglo XX, donde la receta para alcanzar el desarrollo estaba dada: pasar de la agricultura a la industria, de lo retrasado a lo moderno, de lo rural a lo urbano. Los países de la región centroamericana la empezaron a aplicar y, desde el Estado, se visualizó al área rural como lo residual. ¿Residual? Si, el lugar donde habita la mitad de la población.
Las prioridades del gobierno actual parecen estar en otro lado.
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En 1987, el Informe Brundtland, establecía por primera vez que «el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades». En palabras de mi madre, el desarrollo sería que mis hermanos y yo, vivamos en mejores condiciones que las que vivió ella.
Se suponía que mi generación debía conocer las invasiones y dictaduras únicamente a través de libros de historias, videos o relatos de quienes las padecieron.
El 11 de junio de 2015, haciendo uso de mi derecho como ciudadano, solicité información estadística al Ministerio de Hacienda –misma información que, por ejemplo, en Guatemala se encuentra en el sitio web de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) –. Para mi sorpresa me fue denegada.
No son hechos aislados, es una política sistemática que busca blindar la opacidad.
Hace ya varias décadas que la sociedad salvadoreña, en el papel, optó por la democracia como el espacio para dirimir nuestras diferencias.
¿Se imaginan que organizaciones católicas, de la comunidad LGBTI, evangélicas, feministas, de jóvenes, ambientalistas, de migrantes, defensoras de derechos, movimientos sociales, universidades,




