Ricardo Castaneda
Ricardo Castaneda Ancheta dejó de trabajar para el Icefi en octubre de 2023.
La clase política salvadoreña ha desgastado las palabras «acuerdo fiscal». No porque se hayan esmerado por conseguirlo, sino porque este término ha sido utilizado para demostrar que la otra parte (Gobierno o partido de oposición) es quien se opone a alcanzarlo. No obstante, ahora que se aborda este tema, valdría la pena recordarles a los políticos para qué sirve la política fiscal.
Alguien podría suponer que cuando un gobierno tiene una crisis financiera esta se manifiesta de un día para otro.
En El Salvador la división entre el espectáculo y la política es una línea casi invisible.
En un contexto donde convergen tantas crisis (sociales, económicas, financieras, ambientales, políticas, de género) lo que se requiere es la construcción de alternativas.
El impago y la caída en las calificaciones de riesgo, reafirman, por si alguien lo dudaba, que la crisis fiscal que vive el país es de gran envergadura. Pero el mayor condicionante de esta situación es de carácter político partidario. Los partidos políticos en general, pero especialmente los mayoritarios, Arena y el FMLN, viven una crisis profunda de legitimidad, pero también una crisis de falta de proyecto de país. Ante ello, han encontrado en la situación fiscal su mejor argumento para maquillar su incapacidad de dar solución a los problemas de la población de cara a las próximas elecciones.
Ya se ha cumplido un año de convivir con la pandemia y de las medidas para intentar controlarla. Con algunas buenas y otras seguramente no tanto.
El proceso de vacunación contra el COIVD-19 quizá sea considerado uno de los mayores éxitos de la actual administración gubernamental.
En medio de una de las peores crisis sanitarias, con una caída en los ingresos y la urgencia de aumentar el gasto público, contratar deuda era lo lógico.
Históricamente la institucionalidad ha sido débil en El Salvador. Especialmente la relacionada con la prevención y combate de la corrupción.