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El acceso a la información pública en reserva

Históricamente la institucionalidad ha sido débil en El Salvador. Especialmente la relacionada con la prevención y combate de la corrupción. Sin embargo, el país dio un paso adelante con la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, hace una década, y con ello la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), una entidad independiente, pero que en su génesis estaba ligada a las decisiones de la Presidencia de la República por ser quien tenía la decisión final sobre la designación de los comisionados.


El IAIP a pesar de que ha tenido debilidades, como por ejemplo el tiempo para resolver los casos, se fue estableciendo como una entidad fundamental en el acceso a la información y el combate a la corrupción. Uno de los principales trabajos del IAIP es sobre las reservas de información, un esquema que suelen utilizar algunos funcionarios públicos, de los distintos Órganos del Estado, municipalidades y entidades descentralizadas para bloquear la transparencia y ocultar aspectos relacionados con casos de corrupción.  Gracias a resoluciones del IAIP, por ejemplo, se estableció que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tenía que hacer públicas las declaraciones patrimoniales juradas que entregan los funcionarios.

Lastimosamente, declarar información reservada, es algo que ha venido sucediendo desde que se aprobó la Ley y ha sido una práctica cada vez más frecuente. Una de las banderas por las que ganó las elecciones el presidente Bukele fue la lucha contra la corrupción, que encontró campo fértil en una ciudadanía cansada de que se le hubiera robado tanto. Pero para controlar la pandemia de la corrupción una vacuna efectiva debe combinar el acceso a toda la información pública con la participación ciudadana.

Al principio de esta administración se alertó del abuso de colocar mucha información como reservada, pero para alguien pudo parecer acciones aisladas. Sin embargo, con el pasar de los días se ha confirmado que es algo sistemático, planificado y deliberado. Se ha llegado a un punto inverosímil donde se ha declarado reservados los planes gubernamentales e incluso estadísticas de salud. ¿Cómo puede aportar la academia y las organizaciones sociales a dar solución a los problemas sanitarios si no tienen acceso a información que les permita hacer recomendaciones? Imaginémonos que a nivel mundial todos los países hubieran reservado la información sanitaria: hubiera sido imposible lograr una vacuna contra la COVID-19.

Esto, aunque preocupante, con un IAIP independiente se podía revertir. Y por eso de la forma más burda y sin una pizca de vergüenza, la residencia de la República, ha designado tres nuevos Comisionados, la mayoría del pleno, incluyendo a una excandidata en las primarias de Nuevas Ideas. Ya el nuevo IAIP se ha hecho sentir, por un lado, revirtiendo la publicidad de las declaraciones patrimoniales, casualmente con la declaración del propio Presidente Bukele. Y más recientemente aprobando que las reuniones del Pleno ya no serán grabadas, por lo tanto, la entidad encargada de velar por el acceso a la información negará información pública.

Por cierto, cuando se presentó el anteproyecto de presupuesto para 2021 al IAIP se le recortaría su presupuesto, ahora con el “nuevo comportamiento” de esta institución, el Ejecutivo ha anunciado un incremento en su asignación presupuestaria.  Esto se da además en el contexto en el que se acaba de anunciar que El Salvador no es candidato a un Fomilenio III porque no se superaron unos indicadores, especialmente el de control de la corrupción. Hasta hace poco El Salvador lideraba la región en el acceso a la información pública, ahora se está cada vez más cerca de los niveles de opacidad de la administración de Ortega en Nicaragua. ¿Ese es el ejemplo que quiere seguir esta administración?

La garantía del acceso a la información pública debe trascender el partido político por el que usted simpatice y la ciudadanía debería tener claro que solo quien tiene algo que ocultar bloquearía el acceso a la información pública. Además, no se debe olvidar que el acceso a la información pública es un derecho y los derechos nadie lo puede reservar y menos quitar.

 

Ricardo Castaneda Ancheta // Economista sénior / @recasta

Esta columna fue publicada originalmente en El Mundo, disponible aquí.