Ricardo Castaneda
Ricardo Castaneda Ancheta dejó de trabajar para el Icefi en octubre de 2023.
La política salvadoreña se ha convertido en un burdo teatro donde hay personajes que representan una (mala) obra de ficción.
El 1 de mayo de 2022 se cumplió el primer año de la legislatura 2021-2024.
Imagínese una casa en la cual el techo ya no sirve y cada vez que llueve, el hogar se inunda. Por más que se le pongan parches, con el pasar de los días nuevamente se va a inundar, hasta que se cambie el techo. Podemos utilizar la misma analogía para las finanzas públicas de El Salvador, aunque se le intenten poner parches, los problemas estructurales seguirán ahí. Y arreglarlo va más allá de que el Gobierno lo pueda hacer de forma solitaria.
Posiblemente la mayor parte de la población no dimensiona los efectos que tiene una crisis fiscal como la que atraviesa El Salvador.
Para atender la emergencia relacionada con la pandemia se sabía que era necesario destinar millones de dólares provenientes de los impuestos, actuales y futuros, de la población.
La clase política salvadoreña ha desgastado las palabras «acuerdo fiscal». No porque se hayan esmerado por conseguirlo, sino porque este término ha sido utilizado para demostrar que la otra parte (Gobierno o partido de oposición) es quien se opone a alcanzarlo. No obstante, ahora que se aborda este tema, valdría la pena recordarles a los políticos para qué sirve la política fiscal.
La campaña electoral no ha terminado. Las grandilocuentes propuestas de la clase política así lo confirman.
Sin embargo, como dice textualmente el FMI, las vulnerabilidades aumentaron el año pasado.
La respuesta para salir de esta situación tan crítica, pasa por una reforma fiscal. Pero no cualquier reforma.