gasto público
En Guatemala, se estima que entre marzo y mayo 2025, alrededor de 2.8 millones de personas (15.6% de la población) enfrentaran crisis o emergencia de inseguridad alimentaria, y de estos, 1.0 millones son niños, niñas o adolescentes. Los registros oficiales reportan que al 5 de abril 2025 se incrementaron 301 casos de desnutrición aguda y se lamentaban tres muertes confirmadas a esa fecha por esta causa.
El presente estudio parte de la necesidad de evaluar las condiciones contextuales y las predisposiciones políticas para reactivar la agenda legislativa en materia de anticorrupción y gasto público.
El Icefi y Save the Children, en el marco del proyecto Acción Niñez Socios para la Acción Nacional y Local por la Niñez, realiza acciones conjuntas para elaborar estudios sobre los recursos públicos destinados a la protección, promoción y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estos insumos tienen el objetivo de contribuir a fortalecer la planificación de la gestión pública en el corto y mediano plazo.
La justicia y la seguridad son pilares fundamentales de las sociedades democráticas y pacíficas. Estos son derechos reconocidos por el Estado de Guatemala, tanto en tratados y convenios internacionales como en la legislación nacional.
En Guatemala, de junio a agosto del 2024 alrededor de 2.9 millones de personas (16.8% de la población) enfrentaban crisis o emergencia de inseguridad alimentaria, y de estos, 1.1 millones son niños, niñas o adolescentes. Los registros oficiales reportan que al 29 de junio 2024 se incrementó en 22.6% los casos de desnutrición aguda y se lamentan 14 muertes por esta causa.
El pasado miércoles 11 de septiembre en un hotel de la zona 10 capitalina,
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó su quinto boletín[1]
La justicia y la seguridad son pilares fundamentales de las sociedades democráticas y pacíficas. Estos son derechos reconocidos por el Estado de Guatemala, tanto en tratados y convenios internacionales como en la legislación nacional.
La justicia y la seguridad son pilares fundamentales de las sociedades democráticas y pacíficas. Estos son derechos reconocidos por el Estado de Guatemala, tanto en tratados y convenios internacionales como en la legislación nacional.
