Más allá de quién administra las pensiones, que, por supuesto es relevante pero no el único factor a tomar en cuenta, hay temas que suelen omitirse en este tipo de discusiones.

Hace unos días señalaba que todos los caminos conducían a una nueva reforma de pensiones, tanto por la situación financiera del gobierno, como por los propios problemas estructurales del sistema previsional. Y así han empezado a aceptarlo algunos voceros oficialistas, incluyendo una campaña propagandística de expectativa, que significa que una nueva reforma de pensiones viene en camino.

El gobierno sabe del rechazo ciudadano a las administradoras de pensiones privadas y, seguramente lo aprovechará para impulsar esta nueva reforma. Pareciera que esta reforma no la harán de forma súbita y que incluso puede haber espacio para escuchar a otros actores. Quizá más como un mecanismo para legitimar el proceso que para realmente hacer una reforma participativa con la ciudadanía.

Para mí, más allá de quién administra las pensiones, que, por supuesto es relevante pero no el único factor a tomar en cuenta, hay temas que suelen omitirse en este tipo de discusiones. El primero tiene que ver con la estructura del mercado laboral. Ninguna reforma de pensiones será exitosa mientras no se logre incorporar a la mayor parte de personas que trabajan en el sector informal. Tampoco se podrá ver un cambio positivo mientras los salarios (no solo el mínimo) sigan siendo bajos. Básicamente 9 de cada 10 salvadoreños tiene ingresos por debajo de USD1,000 mensuales. Y tampoco se lograrán buenos resultados mientras se invisibilice el trabajo de cuido no remunerado que realizan especialmente las mujeres.

También es importante poner en la discusión las enormes asimetrías, en las tasas de reemplazo, que hay entre quienes están pensionados, pues mientras unos tienen jugosas pensiones a otros no les alcanza ni para cubrir la canasta de alimentos. Asimismo, es indispensable debatir el tema del financiamiento, es decir a quiénes les va a recaer y en qué proporción el pago de las pensiones a los trabajadores, a los empleadores y al Estado.

El otro factor es que una reforma de pensiones no puede verse de manera aislada del sistema de protección social, es decir de la garantía de un mínimo de bienestar para toda la población. Por ejemplo, ¿qué se hará con las personas de la tercera edad que nunca cotizaron? ¿O con las personas con discapacidad? ¿O con quienes viven en situación de pobreza? ¿O con la niñez que no tiene ni siquiera acceso a educación? Y lamentablemente, aunque la ley lo mandata hasta el momento sigue sin conocerse la política social de esta administración.

Con esto quiero indicar que una buena reforma de pensiones no es nada fácil y que por ello es indispensable el diálogo entre los diversos actores y que esos diálogos estén fundamentados en conocimiento técnico, pues de lo contrario se pueden tomar decisiones políticamente populares, pero financieramente desastrosas. Este es un tema que tiene implicaciones no solo en las actuales generaciones, sino también en las futuras. Abordarlo desde la politiquería sería un enorme error. Por lo que es importante que desde los diversos espacios se exija a los tomadores de decisiones mucha responsabilidad y seriedad. Este es un tema de país, de desarrollo. Ojalá esta vez se esté a la altura.

Ricardo Castaneda Ancheta // Economista sénior / @Recasta

Esta columna fue publicada originalmente en El Mundo, disponible aquí.