desigualdad
El estudio aborda la temática de las garantías sobre los derechos de los Pueblos Indígenas en Guatemala desde la perspectiva de las inversiones públicas, mediante una metodología que definir los gastos sensibles en la atención directa a la población Indígena, detallando en cifras las diferencias significativas en la distribución de las finanzas públicas desde la identidad étnica de las personas.
Los desafíos asociados son mucho más importantes y complejos cuando el proceso migratorio es irregular.
En el contexto de Centroamérica, la IA podría ser una herramienta valiosa para abordar muchos de los desafíos socioeconómicos que enfrentan los países de la región. Sin embargo, también hay riesgos asociados con la IA que deben ser abordados de manera proactiva.
El presupuesto público de Guatemala aún no prioriza de manera adecuada a las juventudes. Sin una inversión pública suficiente y de calidad destinada para este grupo etario, difícilmente se darán mejoras en sus condiciones de vida, lo cual tendrá enormes costos individuales y sociales. Es hora de que el Estado de Guatemala cuente con una legislación específica para las juventudes que les garantice el acceso a bienes y servicios públicos adecuados a sus necesidades y sus intereses, sin ello el bono demográfico será una deuda demográfica.
Para atacar las causas de la pobreza multidimensional, los esfuerzos podrían dirigirse a sectores tales como educación; salud así como infraestructura para atajar lo relacionado a la dimensión de nivel de vida.
Los efectos de los desastres se intensifican entre las poblaciones pobres y excluidas socialmente, por lo que el manejo y la prevención del riesgo deben ser enfrentados por política públicas que se formulen desde un enfoque de derechos.
En particular, podemos observar cómo durante el bienio 2020–2021, el IDH ajustado por desigualdad disminuyó en todos los países de la región y, bajo esta medida amplia de desarrollo, Guatemala es el país más desigual de Centroamérica, mientras que Costa Rica y Panamá tienen un registro sustancialmente mayor del resto de países de la región, en términos relativos.
La respuesta a la migración no debería ser su inclusión en estrategias de seguridad nacional de los países, mucho menos la militarización de las fronteras o el silencio cómplice ante las políticas migratorias de los “países amigos”.
