Los desafíos climáticos y ambientales actuales requieren que las instancias del Estado asuman un rol protagónico en la conducción de los procesos orientados a la gestión del riesgo.

Hace unos meses vi una serie de televisión brasileña llamada «El mecanismo», una historia ficticia inspirada en el caso de corrupción Lava Jato.

En medio de la majestuosidad del Océano Atlántico, frente a la costa de Senegal, se encuentra la isla de Gorea.

Casi dos terceras partes de la población pobre a nivel mundial viven en los países que son ricos en recursos naturales. Es por ello que en el ámbito de las actividades extractivas, la transparencia fiscal es fundamental, en el sentido de que los ingresos públicos generados por dichas actividades, más allá de generar beneficios macroeconómicos, se traduzcan en oportunidades para elevar las condiciones de vida de la población, en un marco regulatorio que garantice el cumplimiento de los derechos de las personas a decidir la explotación o no de los recursos, y promueva una relación con el fisco basada en la búsqueda del bien común. Independientemente de si los ingresos fiscales generados por actividades extractivas son altos o bajos con respecto al tamaño total de la economía en la que se explotan, si su gestión y manejo se realizan de manera poco transparente, difícilmente se traducirán en mejoras en las condiciones de vida de la población.