Lourdes Molina
Economista sénior
correo electrónico: lourdes.molina@icefi.org
El Covid-19 nos encontró con un Estado debilitado, incapaz de garantizar derechos y administrado por desconocedores de la naturaleza de lo público y de lo básico para diseñar polític
Un conductor que paga “mordida” para evitar una multa de tránsito; una funcionaria que acepta regalos de una empresa a cambio de “ayudarle” con la aprobación de un estudio de impacto ambiental;
El Salvador es un país insostenible, y en esta ocasión no me refiero a la polarización política o a los altos niveles de violencia e inseguridad; sino a un problema que aunque no acapara titulares también debería estar en la agenda de discusión. Hablo de la insostenibilidad ambiental.
La administración Bukele tiene en la comunicación propagandística una de sus mayores fortalezas, pero ante problemas tan complejos, como enfrentar una pandemia, resulta insuficiente.
Por otra parte, el gasto público refleja un enfoque de austeridad y representará 24.3% del PIB, menor que el 26.8% esperado para 2022.
En El Salvador no deberíamos dejar pasar por alto la oportunidad de reflexionar sobre lo que nos falta por hacer para construir un país con justicia social.
El paradigma de desarrollo predominante está alejado de un enfoque de sostenibilidad y sustentabilidad y se basa en la concepción de que los Estados deben tener la promoción del crecimiento eco
En nuestro país ya no hay Estado de derecho, certeza jurídica o independencia de los poderes del Estado.