Ricardo Castaneda
Ricardo Castaneda Ancheta dejó de trabajar para el Icefi en octubre de 2023.
En El Salvador, si bien es cierto que existen muchos empresarios que cumplen a cabalidad con todas estas premisas, hay un grupo que no. Específicamente son quienes basan su rentabilidad en el pago de salarios de hambre; la sobreexplotación de los recursos naturales o en la realización de actos de corrupción, que se manifiestan en múltiples formas.
Ya se ha cumplido un año de convivir con la pandemia y de las medidas para intentar controlarla. Con algunas buenas y otras seguramente no tanto.
El escenario donde se da la campaña electoral está lleno de humo, denso y negro, contaminante y asfixiante, que incluso puede provocar no ir a votar.
En los últimos días hemos leído o escuchado que El Salvador puede caer en default, una palabra que no aparece en el diccionario de la RAE, pero cuyas consecuencias pueden ser devastadoras para un país entero. En términos prácticos el default se da cuando el Gobierno no tiene el dinero suficiente para pagar a quienes les debe; y de acuerdo al Ministro de Hacienda eso sucederá el 7 de octubre, cuando no tenga los recursos para pagar los Certificados de Inversión Previsional (CIP).
No son hechos aislados, es una política sistemática que busca blindar la opacidad.
Blanca tiene 60 años. Vive en el área rural de El Salvador.
Históricamente la institucionalidad ha sido débil en El Salvador. Especialmente la relacionada con la prevención y combate de la corrupción.
Un aspecto que en ocasiones se le pone poca atención en el ámbito de las finanzas públicas es la credibilidad.
Esta semana pasé unas largas horas en un hospital del seguro social.
“Gobierno dará dinero en efectivo a jóvenes que no trabajan ni estudian” señalaba el titular de un medio de comunicación, «Gobierno promete empleos para 15