No puede haber paz mientras haya injusticia. La historia de El Salvador está marcada por injusticias escritas con sangre: genocidios (en 1932 fueron asesinados 32,000 indígenas, algo de lo que muy poco se habla), golpes de Estado, dictaduras militares y por supuesto uno de los más dolorosos conflictos armados a nivel mundial. La guerra civil que finalizó en 1992 cobró más de 75,000 víctimas mortales, sin contar los miles de desaparecidos, y forzó a millares de personas del área rural a migrar hacia zonas urbanas del país, y a muchos otros a huir hacia diversos países, principalmente a los Estados Unidos, Australia y Canadá.

El periodista Mauricio Funes siempre denunció en sus espacios de entrevistas cómo la corrupción era un lastre para la sociedad salvadoreña. El candidato presidencial Mauricio Funes prometió que esta vez sería diferente y que lucharía para que los corruptos fueran a parar a la cárcel. El presidente Mauricio Funes investigó y denunció más de 300 casos de corrupción, de los cuales más de un centenar llegaron a la fiscalía; siendo el más emblemático el caso del expresidente Francisco Flores. El expresidente Mauricio Funes es acusado por casos de corrupción; la fiscalía lo investiga por peculado (desvío de fondos públicos), enriquecimiento ilícito, malversación, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias. Él dice que es una persecución política, ahora es asilado en Nicaragua.

Sin embargo, como dice textualmente el FMI, las vulnerabilidades aumentaron el año pasado.

Para atender la emergencia relacionada con la pandemia se sabía que era necesario destinar millones de dólares provenientes de los impuestos, actuales y futuros, de la población.