Ricardo Castaneda
Ricardo Castaneda Ancheta dejó de trabajar para el Icefi en octubre de 2023.
Esta semana se vencía el plazo para que el gobierno de El Salvador erogara los $604 millones que faltaban de pagar del vencimiento de un bono que se emitió en 2002. Y lo hizo.
Una política fiscal transparente, progresiva y suficiente es la clave del éxito para el próximo gobierno en el Salvador. Una que se preocupe menos en quedar bien con lo “que piensan los mercados” y que se preocupe más por el bienestar de las personas.
Más allá de quién administra las pensiones, que, por supuesto es relevante pero no el único factor a tomar en cuenta, hay temas que suelen omitirse en este tipo de discusiones.
En un sistema democrático saludable, la separación de poderes es fundamental.
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En El Salvador, si bien es cierto que existen muchos empresarios que cumplen a cabalidad con todas estas premisas, hay un grupo que no. Específicamente son quienes basan su rentabilidad en el pago de salarios de hambre; la sobreexplotación de los recursos naturales o en la realización de actos de corrupción, que se manifiestan en múltiples formas.
En El Salvador la división entre el espectáculo y la política es una línea casi invisible.
Se suponía que mi generación debía conocer las invasiones y dictaduras únicamente a través de libros de historias, videos o relatos de quienes las padecieron.
En los últimos días hemos leído o escuchado que El Salvador puede caer en default, una palabra que no aparece en el diccionario de la RAE, pero cuyas consecuencias pueden ser devastadoras para un país entero. En términos prácticos el default se da cuando el Gobierno no tiene el dinero suficiente para pagar a quienes les debe; y de acuerdo al Ministro de Hacienda eso sucederá el 7 de octubre, cuando no tenga los recursos para pagar los Certificados de Inversión Previsional (CIP).
El presupuesto público es el instrumento que refleja la política fiscal de un país: en él se definen los montos de inversión y consumo público (gasto público), así como




