El presupuesto público es el instrumento que refleja la política fiscal de un país: en él se definen los montos de inversión y consumo público (gasto público), así como el dinero que recolectarán las arcas del Estado (ingresos). El presupuesto público de cualquier nación es el rostro concreto de la voluntad política, todo lo demás son discursos vacíos. Por lo que el análisis del presupuesto sirve de orientación al momento de sopesar las distintas preferencias que compiten por los limitados recursos.

En el caso de El Salvador el presupuesto es el fiel reflejo de una política fiscal limitada, incapaz de proveer bienes y servicios públicos universales. Esto en buena medida es porque se recauda poco, podemos intentar autoengañarnos, pero con una carga tributaria baja y regresiva es imposible apuntalar al desarrollo. La carga tributaria para 2018 sería de 15.7% del PIB, a pesar de que la Ley de Responsabilidad Fiscal establece, que para 2019 la carga sea de 17%, es decir que en 2019 debería incrementar 1.3% respecto a lo planteado para el próximo año, lo que implica que el gobierno debería preparar una reforma tributaria el siguiente año, algo que parece irrealizable, pues los principales partidos políticos han dicho que no se van a incrementar los impuestos porque es impensable en un año preelectoral. Además, estimaciones del Icefi indican que la productividad del IVA se ha venido reduciendo, lo cual refleja ya sea un incremento en el efecto tributario del otorgamiento de privilegios fiscales o un aumento en la evasión; dos males que se agravan para las finanzas públicas.

Por su parte, el gasto público programado para 2018 representaría el 19.0% del PIB, por encima del 16.6% considerado en el presupuesto votado en 2017 y por debajo del 19.1% ejecutado en 2016.  Pero como sabemos, el presupuesto aprobado para este año era engañoso, al no incluir todas las obligaciones del Estado. Las estimaciones del Icefi apuntan a que el tamaño del gobierno central, incluyendo el pago de las obligaciones previsionales alcanzará 19.4% del PIB en 2017 y se reduciría a 19.0% en 2018.  Esto denota que el país intenta forzar que el gasto público no crezca, continuando con el enfoque de «austeridad». Para tener una idea, a nivel mundial el promedio del presupuesto público para el siguiente año será de 33% del PIB.

Pero además de ser un presupuesto pequeño, la crisis fiscal ha hecho que para 2018 lo que se destine para el servicio de la deuda sea mayor a lo que se asigne a educación. Sumado a ello, el presupuesto de educación ha venido sufriendo recortes desde 2015, cuando representó 3.6% del PIB, lo que provocaría que en 2018 solo sea un 3.2% del PIB. Misma situación sucede con el ramo de salud, que luego de haber alcanzado un 2.4% del PIB en 2013, en 2018 sería de 2.1%.  Por si fuera poco, en 2018 la inversión pública en niñez y adolescencia continua la tendencia de disminuciones ininterrumpidas desde 2012, donde representó 6.2% del PIB, para el próximo año sería de 5.4%. Y, como sino fuera suficiente, el próximo año se han programado recortes al subsidio del gas propano.

Encima, de no lograrse un acuerdo entre Arena y el FMLN, el presupuesto para el próximo año no se aprobaría, lo que agudizaría más la situación fiscal del país. Posiblemente no todos estemos consientes, pero lo que ésta en juego va más allá de lograr un manejo adecuado de las finanzas públicas. Lo que está en juego son las posibilidades de que la sociedad en su conjunto tenga mejores condiciones de vida. Por lo que las decisiones que se vayan a tomar, deberían de ser a partir del resultado del consenso entre los diversos actores de la sociedad salvadoreña. En términos democráticos el presupuesto y la política fiscal pertenecen a la ciudadanía, quien debería participar en su definición, pero no ha sido así y hasta el momento el presupuesto del próximo año representa un futuro poco alentador.

Esta columna fue publicada originalmente el 16 de noviembre en el diario El Mundo de El Salvador