El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), presentó el Boletín ¡Contamos! No. 25. Inversión pública en niñez y adolescencia 2019: El presupuesto público y su vinculación con los ODS 2030, el cual contiene un análisis de la atención que presta el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 a las necesidades de niños, niñas y adolescentes del país.

El análisis mostró que la aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 representa el continuismo de un Estado en condiciones de sobrevivencia, y que se refleja en una política fiscal con enormes desafíos para cumplir con la protección y garantía de los derechos de la población guatemalteca, especialmente de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, la trayectoria hacia el adelgazamiento del quehacer público muestra que el gasto público será impactado nuevamente por la reducción en la recaudación de los ingresos tributarios, que aunque se estimó en la aprobación de una carga tributaria del 10.1%, la trayectoria actual muestra que la recaudación podría ubicarse en torno al 9.7% del PIB (la más baja en las últimas dos décadas)[1].   El presupuesto contempla un gasto público total equivalente al 13.2% del PIB, mientras que el gasto público social equivaldrá a un 7.7% del PIB, ambos insuficientes para atender las necesidades de los guatemaltecos.      Los techos presupuestarios mencionados, aun cuando no sufran alteraciones, ni reducciones ocasionadas por la caída esperada de la recaudación, denotan la crónica insuficiencia de capacidad del Estado para enfrentar exitosamente la protección y garantía de los derechos más básicos de la ciudadanía e impulsar un crecimiento económico sostenido y sostenible.

En el mismo contexto, los recursos destinados para atender los derechos y libertades de la niñez y adolescencia resultan insuficientes. En 2019, la inversión pública directa para este grupo poblacional se aproximará al 3.6% del PIB, lo cual equivale a Q8.90 (USD1.20) diarios por cada niña, niño y adolescente, cifra que se encuentra concentrada (más del 70%) en el Ministerio de Educación, dejando relegada la provisión de otros bienes y servicios públicos relevantes para la garantía y goce pleno de los derechos de la niñez y adolescencia.     La alta concentración de los recursos disponibles para su ejecución en una sola entidad, da cuenta de la falta de integralidad de los planes, políticas y acciones públicas que buscan un mayor nivel de bienestar de la niñez en el país. 

En adición, el Icefi realizó una aproximación de la inversión del Estado para atender los compromisos de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), ligados a la protección, garantía y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  Los resultados muestran que para 2019, la asignación de recursos para la financiación de la citada agenda es de Q22, 908.5 millones (3.6% del PIB), estando concentrado más del 85% en cuatro objetivos: hambre cero (ODS número 2); buena salud y bienestar (ODS número 3); educación de calidad (ODS número 4); y paz, justicia e instituciones sólidas (ODS número 16), sin que con dichos recursos se alcancen resultados transcendentales. Esta aproximación permite además, observar el poco interés sobre otros objetivos clave para el logro de la Agenda 2030, entre los que destacan: igualdad de género (ODS número 5); agua limpia y saneamiento (ODS número 6); y reducción de las desigualdades (ODS número 10), los que en conjunto para el año 2019 tienen una asignación presupuestaria de Q338.0 millones, aun cuando en 2017 y 2018 apenas superaron los Q100 millones.

De acuerdo con el análisis del Icefi, las cifras muestran debilidades de eficiencia y eficacia en el ciclo presupuestario, pero también implican serios problemas de suficiencia fiscal, dado a que con las asignaciones presupuestarias disponibles y ante las necesidades del país, transformar la realidad de los niños, niñas y adolescentes en Guatemala, es prácticamente un sueño imposible de alcanzar en el corto plazo.   

El Icefi advierte que un elemento importante para aumentar las asignaciones hacia niñez y adolescencia se encuentra en el aumento de la carga tributaria, que pasa por mejorar la eficiencia del sistema tributario general del país. Para este efecto, resulta impostergable la definición de una verdadera hoja de ruta que tenga como propósito elevar la recaudación de manera sostenida. Del mismo modo, es crucial el fortalecimiento de la institucionalidad en torno al Servicio Civil, sin lo cual no podría avanzarse en capacidades de las entidades, especiales de aquellas de planificación prospectiva,   de ejecución,  en la correcta aplicación de la normatividad que la regula, así como en el monitoreo y evaluación, que es un aspecto de los más debilitados en la gestión pública.

Además, resulta importante que el Gobierno, con el propósito de monitorear los resultados de la inversión pública en niñas, niños y adolescentes,  institucionalice la medición y monitoreo de la misma, incluyendo la evaluación del cumplimiento de  la Agenda 2030 vinculada con niñez, para lo cual deben establecerse una comisión que analice y establezca los lineamientos metodológicos pertinentes, avanzando en materia de transparencia y rendición de cuentas, por medio de información pública sujeta a su divulgación en datos abiertos.

Guatemala, Centroamérica, 30 de abril de 2019.