El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) realizó una evaluación, desde la perspectiva de los estándares de transparencia fiscal, de los planes para atender la crisis y la emergencia causada por el impacto de la pandemia del Covid-19 en Centroamérica. Los resultados de este ejercicio revelan disparidad en los grados de transparencia de los planes de emergencia que los gobiernos centroamericanos están implementando, por lo que formuló recomendaciones para facilitar el acceso a la información pública y permitir la veeduría y auditoría social adecuadas.

Documentos adjuntos:

• Comunicado en PDF y anexos del comunicado

De acuerdo con la resolución 01/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, es deber de los Estados asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el Covid-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público. Esto implica que se debe otorgar prioridad a las solicitudes de acceso a la información relacionadas con la emergencia de salud pública, así como informar proactivamente, en formatos abiertos y de manera accesible, sobre los impactos de la pandemia y los gastos de emergencia, desagregados de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Al respecto, los Principios de Alto Nivel para la Transparencia Fiscal, la Participación y la Rendición de Cuentas de la Iniciativa Global de Transparencia Fiscal (GIFT por sus siglas en inglés), señalan que todas las personas tienen derecho a buscar, recibir e impartir información sobre las políticas fiscales, y que los gobiernos deben comunicar los objetivos que se proponen alcanzar y los productos que generan con los recursos que se les confían.

En la situación actual frente al Covid-19, los Estados deben informar a los ciudadanos sobre el impacto de la crisis en las finanzas públicas y en la economía de cada país; sobre las medidas de ingresos, gasto y deuda que conllevan los paquetes de apoyo económico y social adoptados, así como los avances en su implementación; sobre los mecanismos para realizar un seguimiento tanto de los programas o secciones del presupuesto del gasto relacionado a esta emergencia, como de las compras y contrataciones públicas que se realicen en el marco de esta crisis; sobre la manera de verificar los planes y resultados de la fiscalización del gasto público a cargo de las contralorías, tribunales o cortes de cuentas; sobre la forma que se está garantizando y protegiendo el ejercicio del derecho de acceso a la información, sobre todo en Estados que han incluido la postergación de los plazos de solicitudes de información en asuntos no vinculados a la pandemia, entre otras.

En este sentido, la evaluación del Icefi incluyó la revisión de los sitios en la Internet de las principales entidades estatales con responsabilidad en la producción y manejo de información y datos vinculados con la ejecución de los programas y acciones para enfrentar la crisis. En cada caso, se analizó la facilidad y el cumplimiento general de los principales estándares internacionales de transparencia fiscal. Los anexos a este comunicado contienen una recopilación de los vínculos de Internet a estas fuentes, así como un resumen de los principales hallazgos. A partir de esta revisión, el Icefi plantea las siguientes cinco recomendaciones a los gobiernos centroamericanos:

1. De conformidad con los estándares internacionales de transparencia fiscal, incluyendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, publicar información es una medida necesaria, pero no suficiente. Debe además facilitarse la comunicación, por lo que se recomienda la creación de portales específicos en línea, con interfaces que faciliten el acceso a información pública detallada y comprensible para el público, en formatos que cumplan el estándar de datos abiertos, sobre el gasto, las adquisiciones, las modificaciones presupuestarias y la movilización de recursos, entre otras operaciones fiscales, asociadas a los planes para enfrentar la pandemia del Covid 19.
2. Además, el Icefi valora como oportuna y acertada la aplicación de los estándares de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información que está recomendando la GIFT a partir de la experiencia de otros países, de manera que si son adoptados e implementados por los gobiernos podrían facilitar el suministro de información suficiente a las personas sobre las decisiones de relevancia fiscal que se están tomando en la región para enfrentar esta crisis.
3. Adicional a la publicación de datos, los gobiernos deben preparar y publicar informes ejecutivos específicos en los cuales rindan cuentas de sus acciones y programas para enfrentar el impacto de la pandemia del Covid-19. Esto comprende también facilitar la ubicación y consulta de informes, reportes, análisis o presentaciones que las entidades están elaborando para los Organismos Legislativos o las entidades fiscalizadoras superiores, pero que actualmente no están disponibles para las personas en sus portales de Internet.
4. Reforzar los mecanismos de integridad que aseguren el uso honesto y probo de los recursos públicos, procurando el ejemplo en el comportamiento ético de las personas que ejercen cargos de dirección y toma de decisiones de alto nivel. Además, reforzar los mecanismos para prevenir, detectar y sancionar la corrupción, facilitando la denuncia de la ciudadanía.
5. Invitar y facilitar la participación de las organizaciones de sociedad civil para redoblar y mantener una vigilancia y supervisión a las decisiones de política fiscal, escuchando y adoptando sus propuestas de mejoras o correcciones, pero también atendiendo de conformidad con la ley sus denuncias sobre situaciones perniciosas.

El Icefi sostiene que medidas efectivas para mejorar la transparencia de las acciones fiscales, especialmente del gasto público y las adquisiciones públicas para atender la emergencia sanitaria y la crisis económica en evolución, constituyen elementos para apuntalar la legitimidad de los gobiernos, y alentar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades. El Instituto insta a los gobiernos centroamericanos a atender las recomendaciones planteadas, demostrando vocación democrática y compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Centroamérica, 29 de mayo de 2020

ANEXOS

Resumen de la evaluación por país

En Costa Rica, el Ministerio de Hacienda no ha creado en su sitio en Internet un apartado o módulo específico con información para el seguimiento del gasto y las adquisiciones públicas vinculadas a enfrentar el impacto de la pandemia Covid-19. El Icefi constató que el acceso a esa información puede realizarse empleando los mecanismos usuales, principalmente los portales de Internet del Ministerio de Hacienda, de la Contraloría General de la República y el portal del Sistema Integrado de Compras Públicas. La información disponible no incluye informes específicos sobre las decisiones fiscales para enfrentar la pandemia Covid-19, por lo que únicamente se puede rastrear la información de las comunicaciones oficiales. Tampoco se han publicado lineamientos o guías para la transparencia en las adquisiciones públicas efectuadas dentro de las acciones para enfrentar la crisis, por lo que se presume que se está aplicando la legislación ordinaria.

El Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, la autoridad costarricense garante de acceso a la información, no ha habilitado un sitio en Internet para divulgar la información relacionada con la emergencia por el Covid-19, por lo que deben consultarse las comunicaciones oficiales. En cuanto a la Contraloría General de la República, esta tiene un sitio de transparencia de la gestión pública ante la emergencia Covid-19, incluyendo la posibilidad de acceder a todas las compras públicas, así como las que han sido autorizadas para tramitarse mediante contratación directa por urgencia. El Banco Central de Costa Rica no posee un sitio en línea que facilite ubicar las últimas medidas operativas adoptadas ante la emergencia, por lo que deben consultarse varias de sus publicaciones regulares que incluyen análisis del impacto de la pandemia, tal el caso de los Comentarios de la economía nacional, los Informes Mensuales de Coyuntura Económica y el Informe de Política Monetaria, además de comunicados de prensa, presentaciones y otras noticias.

El Icefi considera como un retroceso grave que en El Salvador la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública se haya suspendido por el Decreto Legislativo 599, por lo que las entidades del Poder Ejecutivo no están atendiendo solicitudes de información, lo que constituye una violación al derecho al acceso a la información pública, una muestra clara de opacidad y una medida que contraviene la resolución 01/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, los Principios de Alto Nivel para la Transparencia Fiscal, la Participación y la Rendición de Cuentas de la GIFT y prácticamente cualquier estándar internacional de transparencia fiscal. Por su parte, el Ministerio de Hacienda no ha creado en su sitio en Internet un apartado o módulo específico para el seguimiento del gasto público y de adquisiciones públicas vinculadas a enfrentar el impacto de la pandemia. El Icefi constató que el acceso a esa información puede realizarse empleando los mecanismos usuales, principalmente el Portal de Transparencia Fiscal y el Sistema Electrónico de Compras Públicas (Comprasal), con una sección para consulta de compras por emergencia. El Ministerio de Hacienda ha publicado informes sobre las decisiones fiscales para combatir la pandemia Covid-19 y otros documentos de relevancia fiscal, destacando Estimación de costos y medidas adoptadas por Pandemia COVID-19 y Medidas presupuestarias y fiscales adoptadas en el marco de la pandemia COVID-19. Ha emitido además lineamientos o guías para la transparencia en las adquisiciones públicas relacionadas con la atención de la emergencia.

El Instituto de Acceso a la Información Pública, la autoridad salvadoreña garante de acceso a la información, habilitó un sitio en Internet con información relacionada con la emergencia dentro de los portales de transparencia de las instituciones públicas. Para su funcionamiento, emitió una Directriz sobre Rendición de Cuentas durante la Emergencia Nacional por la Pandemia COVID-19. Por su parte, la Corte de Cuentas no tiene un sitio específico en Internet con información actualizada sobre sus acciones para el seguimiento a la ejecución de recursos para enfrentar la pandemia, por lo que deben consultarse las comunicaciones oficiales, en particular respecto a los avances en la ejecución del Plan de Fiscalización de los recursos utilizados en el marco de la Emergencia por la Pandemia del COVID-19, publicado a finales de marzo. El Banco Central de Reserva de El Salvador cuenta con un sitio en Internet específico para ubicar las últimas medidas operativas adoptadas ante la emergencia por el Covid-19, en particular, las normas temporales aprobadas. Sin embargo, el banco central no ha publicado un documento específico de análisis sobre el impacto del Covid-19, por lo que deben consultarse noticias y otras comunicaciones institucionales.

En Guatemala, el Ministerio de Finanzas Públicas ha creado en su portal de Internet un apartado o módulo específico para el seguimiento del gasto público y de adquisiciones públicas vinculadas a enfrentar el impacto de la pandemia, el cual actualiza diariamente. Sin embargo, no ha publicado informes sobre las decisiones fiscales para combatir la pandemia, por lo que deben consultarse las comunicaciones oficiales. Ha emitido lineamientos o guías para la transparencia en adquisiciones públicas para enfrentar la pandemia. La Procuraduría de los Derechos Humanos, autoridad garante del acceso a la información pública, no ha habilitado un sitio específico en Internet para divulgar la información relacionada con la emergencia, por lo que deben consultarse las comunicaciones oficiales.

Por su parte, la Contraloría General de Cuentas de Guatemala, no tiene un sitio específico en Internet con información actualizada sobre sus acciones para el seguimiento a la ejecución de recursos para enfrentar la pandemia, por lo que deben consultarse las comunicaciones oficiales, en particular respecto a los avances en la ejecución del Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 que aprobó el 21 de abril de 2020. El Banco de Guatemala tampoco tiene un sitio específico para ubicar las últimas medidas operativas adoptadas por la institución ante la emergencia, ni ha publicado un documento específico que analice el impacto de la pandemia, por lo que deben consultarse los boletines y las presentaciones de su presidente, en las que expone elementos de análisis y las medidas adoptadas por el banco central.

En Honduras, la Secretaría de Finanzas Públicas ha creado en su portal de Internet un apartado o módulo específico para el seguimiento tanto a la ejecución presupuestaria como a la movilización de recursos, incluyendo los ingresos tributarios, los apoyos presupuestarios, los fondos externos y otros en el contexto de la emergencia. Sin embargo, no puntualiza la frecuencia de actualización, solamente refiere que estará realizándose «regularmente». Además, la Secretaría de Finanzas no ha publicado informes sobre las decisiones fiscales para enfrentar la pandemia, por lo que deben consultarse las comunicaciones oficiales y el módulo específico comentado. Para el seguimiento de las adquisiciones públicas, la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado habilitó en el portal del Sistema Nacional de Adquisiciones y Contrataciones (Honducompras) una sección especial con documentos e insumos para las entidades públicas, y se han emitido lineamientos o guías para la transparencia en las compras vinculadas con la emergencia.

El Instituto de Acceso a la Información Pública, la autoridad hondureña garante de acceso a la información pública, habilitó un sitio específico para publicar la información administrativa, financiera y legal asociada a la emergencia; además, ha publicado el Informe de Verificación de la Información de Oficio en los Portales de Transparencia de las Instituciones Obligadas en el marco de la Emergencia por el COVID -19, y el Informe de Transparencia y Acceso a la Información Emergencia COVID-19 “Primera Fase”. Otro sitio se alimenta con información del Instituto de Acceso a la Información Pública y de la Secretaría de Finanzas Públicas, administrado por el Despacho de Comunicaciones y Estrategia Presidencial, que incluye información de otros programas presidenciales que se están implementando. El Tribunal Superior de Cuentas, tiene un sitio en línea específico con información actualizada sobre sus acciones para el seguimiento a la ejecución de recursos para enfrentar la pandemia, incluyendo los avances en la ejecución del Plan de Acción para el Acompañamiento a los Procesos de Compras Relacionados con la Emergencia Sanitaria Nacional generada por la expansión del Covid-19, publicado al final de marzo de 2020. El Banco Central de Honduras tiene un sitio en Internet con las últimas medidas operativas adoptadas ante la emergencia, pero no ha publicado un documento específico de análisis sobre el impacto del Covid-19, por lo que deben consultarse los boletines y las presentaciones del presidente del Banco con elementos de análisis y las medidas adoptadas, así como el panorama económico de Honduras durante y después de la crisis.

El gobierno de Nicaragua muestra falencias graves en materia de transparencia fiscal: el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha creado en su portal de Internet un apartado o módulo específico para el seguimiento del gasto público y las compras realizadas, ni ha publicado informes sobre las decisiones fiscales para enfrentar la pandemia, por lo que deben consultarse las escasas comunicaciones oficiales. Tampoco ha emitido lineamientos o guías para la transparencia en las compras asociadas a la emergencia. En materia de acceso a la información, continúa desprotegido el ejercicio de este derecho, pues la autoridad garante establecida en la ley de la materia, la Comisión Nacional de Acceso a Información Pública, permanece sin ser integrada y no existen medidas de protección y resguardo para el cumplimiento del marco jurídico vigente relacionado. La Contraloría General de la República no tiene un sitio específico en Internet con información actualizada sobre sus acciones para el seguimiento a la ejecución de recursos para enfrentar la pandemia; mientras el Banco Central de Nicaragua no ha publicado información que contenga análisis del impacto económico de la pandemia, ni ha informado sobre las acciones tomadas durante la emergencia.

En Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha creado en su portal de Internet un apartado o módulo específico para el seguimiento del gasto público, mientras que para el rastreo de las adquisiciones públicas vinculadas a enfrentar el impacto de la pandemia, se ha creado la sección específica Compras Mesa Covid-19, en el portal en Internet del Sistema Electrónico PanamáCompra. Este ministerio no ha publicado informes sobre las decisiones fiscales para combatir la pandemia, por lo que deben consultarse las comunicaciones oficiales. Se han emitido lineamientos, guías o manuales para la transparentar las adquisiciones públicas vinculadas con la emergencia. La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, la autoridad panameña garante de acceso a la información pública no tiene un sitio específico para divulgar información relacionada con la emergencia, por lo que deben consultarse comunicaciones oficiales, incluyendo la matriz que presentará todas las contrataciones realizadas por el Gobierno Nacional y gobiernos locales por el Estado de Emergencia Nacional declarado.

La Contraloría General de la República de Panamá no tiene un sitio específico en Internet con información actualizada sobre sus acciones para el seguimiento a la ejecución de recursos para enfrentar la pandemia, por lo que deben consultarse las comunicaciones oficiales, en particular los avances en la ejecución la Guía de Fiscalización para examinar la documentación que respalde los trámites amparados bajo el Procedimiento Excepcional de Contratación por urgencia evidente y el Procedimiento Especial de Adquisiciones de Emergencia regulados por la ley de Contratación Pública, adoptada el 13 de marzo, cuando el gobierno nacional decretó el Estado de Emergencia Nacional.

Resumen de los criterios seguidos por el Icefi para el análisis de la facilidad y el cumplimiento general de los principales estándares internacionales de transparencia fiscal

Consulta el documento en PDF para ver la recopilación de fuentes de información para la veeduría y auditoría social del gasto público y adquisiciones públicas vinculadas con la atención a la crisis y la emergencia generada por la pandemia del Covid-19.