Ante la crisis en la institucionalidad estatal de la transparencia: Convencidos que la transparencia y los esfuerzos efectivos para erradicar la corrupción son condiciones indispensables para la legitimidad de la política fiscal y demás acciones del Estado, en el marco de una democracia funcional con participación ciudadana amplia y efectiva, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y Acción Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, a la opinión pública manifiestan:

- Su profunda preocupación por la crisis en la que se encuentra la institucionalidad por la transparencia, particularmente luego que la Corte de Constitucionalidad decretara que los instrumentos jurídicos que dieron vida a la Secretaría de Control y Transparencia (Secyt) eran violatorios a nuestra Carta Magna.

- Que la desaparición de la Secyt y la supresión del Viceministerio de Transparencia Fiscal y Evaluación del Ministerio de Finanzas Públicas dejan a Guatemala sin la institucionalidad responsable de las acciones en materia de transparencia y combate a la corrupción. En particular, Guatemala se encuentra acéfala en cuanto a la representación formal ante las convenciones, acuerdos e iniciativas internacionales por la transparencia de la cual es miembro o signataria.

- La inefectividad de las acciones gubernamentales para avanzar en una agenda mínima por la transparencia. En particular preocupan la exclusión de la sociedad civil y la falta de resultados en las acciones del Gobierno de Guatemala en el marco de la Iniciativa para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés).

Por esta razón, proponemos:

- Que con carácter urgente y prioritario se proponga y apruebe la legislación necesaria para la creación de un ente estatal responsable de una política de transparencia y combate a la corrupción con visión de Estado y no sólo gobierno, con autoridad sobre todas las entidades del Ejecutivo, centrales, autónomas y descentralizadas, con facultades amplias que incluyan como mínimo:

• Verificación del cumplimiento y sanción por violaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública
• Control interno: coordinación de las unidades de auditoría interna existentes y sanción administrativa
• Denuncia en casos penales, y actuación como querellante adhesivo en casos de corrupción y opacidad
• Representación del Estado ante convenciones, iniciativas y acuerdos y demás compromisos por la transparencia y el combate a la corrupción de los cuales Guatemala es miembro o signataria
• Asegurar y promover la inclusión y pluralidad de la participación activa, propositiva y fiscalizadora de las organizaciones de la sociedad civil. En particular, deberá garantizar la auditoría social y la apertura irrestricta de toda entidad de gobierno al escrutinio público.

En tanto estas condiciones necesarias no se alcancen, el esfuerzo estatal por la transparencia continuará volátil e inefectivo, redundando en la agudización de la ya arraigada desconfianza ciudadana en sus autoridades.