paraísos fiscales
La indignación global desatada por la revelación de documentos provenientes de la firma Mossack Fonseca, uno de los cinco más grandes bufetes de abogados que gestionan el registro de sociedades offshore en paraísos fiscales (Papeles de Panamá), ha vuelto a colocar en el centro del debate la necesidad de que los Estados redoblen sus esfuerzos para enfrentar las acciones cometidas por personas o empresas para evitar el pago de impuestos.
En mi última columna comenté sobre la diferencia entre los temas de justicia fiscal que se abordan internacionalmente y los que nos ocupan en la región centroamericana. Días después, se hizo pública la más grande filtración histórica de documentos vinculados al uso de empresa off-shore, domiciliadas en paraísos fiscales, y que devenían del funcionamiento de un bufete de abogados ubicado en Panamá, por lo que gran parte de la opinión pública se ha focalizado en señalar a dicho país como el gran, y a veces único, responsable de la situación.
El domingo salieron a la luz los primeros hallazgos de una investigación, realizada por 107 medios de comunicación provenientes de 78 países, en la que se analizaron documentos filtrados del despacho panameño de abogados Mossack Fonseca. Un terremoto político financiero mundial, cuyas consecuencias estamos lejos de dimensionar. Hay dos términos que se repiten y con los cuales hay que familiarizarse: paraíso fiscal y offshore.
El equivalente a un tercio de nuestro presupuesto de Gobierno es el monto anual promedio en fuga de capitales por actividades ilícitas. Hace algunos días la organización Global Financial Integrity (GFI) presentó su informe sobre flujos financieros ilícitos (FFI) en los países en desarrollo. En donde, los FFI de El Salvador ascendieron a USD17,437 millones entre 2004 y 2013, un promedio de USD1,581 millones por año.
