El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola ―FIDA― realizó en El Salvador la primera semana FIDA sobre desarrollo rural, del 16 al 20 de noviembre. En ese marco, el Icefi llevó a cabo el foro «El reto de la política fiscal en el ámbito rural», en el cual se presentaron los hallazgos de dos estudios relativos a la inversión pública en desarrollo rural y la incidencia de la política fiscal en la reducción de la desigualdad y la pobreza en El Salvador y la región centroamericana.

El primer estudio, titulado «Desarrollo rural de Centroamérica en cifras: El Salvador», que indica que en El Salvador, entre 2007 y 2012, el gasto público en desarrollo rural fue de USD 1,119.62 millones, con una tendencia al alza en cada uno de los años del período estudiado. Además, se destaca que El Salvador es uno de los países centroamericanos en donde existe mayor inversión en desarrollo rural en proporción con la población que habita en el área rural. No obstante, el estudio concluye que debe trabajarse en un agenda concreta para esta área del país, en donde se visibilicen todas las dinámicas territoriales rurales.

El segundo estudio bajo el título «Incidencia de la política fiscal en la desigualdad y la pobreza: El Salvador» toma como base la metodología desarrollada por el proyecto «Compromiso por la equidad» (CEQ, por sus siglas en inglés), la cual permite distinguir que en el caso salvadoreño, la acción de la política fiscal es mayor sobre la desigualdad que sobre la pobreza; este efecto se genera por el lado del gasto público, no de los impuestos. Además, se destaca que la política fiscal tiene un mayor efecto distributivo en las zonas rurales que en las urbanas —lo que reduce la desigualdad—, así mismo logra una baja leve en la pobreza extrema, pero es incapaz de disminuir la pobreza total.

En el evento se planteó que la actual política fiscal salvadoreña limita las posibilidades de desarrollo del país, especialmente de quienes habitan en las zonas rurales. Por ello, se debe promover un acuerdo de política fiscal justa, que con criterios de progresividad, sostenibilidad y suficiencia logren la cohesión social y permitan la construcción de un Estado verdaderamente democrático.